domingo. 14.04.2024

El Gobierno de Cantabria se niega a asumir la reparación del edificio de la calle Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega apuntalado por las grietas y fisuras desde hace cuatro años debido que existe una sentencia judicial que apunta a que las obras del local del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) no causaron los problemas estructurales del inmueble. Además, según la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, tanto el Gobierno como el Ayuntamiento habrían ofrecido ayudas a los vecinos para acometer la reparación del edificio pero éstos no las aceptan porque quieren que la Administración se haga cargo de la reparación total.

"No está acreditada la relación de los desperfectos con la obra del punto de encuentro del ICASS, por mucho que insista", ha señalado Gómez de Diego

Sin embargo, "no podemos hacernos cargo del coste de la obra del arreglo estructural del edificio", ha sentenciado la consejera en el Pleno del Parlamento de este lunes en respuesta a preguntas del PP sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para dar una solución a estos vecinos que llevan cuatro años "viviendo una pesadilla" con el "miedo de que el edificio se nos caiga encima" y habitando unas viviendas apuntaladas tras la aparición de grietas y caída de cascotes que ellos aseguran que aparecieron tras las obras de reparación del local del ICASS, dependiente del Gobierno.

De hecho, hay una primera sentencia judicial que da la razón a uno de los propietarios y reconoce que los problemas del interior de su vivienda pueden haber sido provocados por esas obras, pero otra resolución posterior "exonera al ICASS de toda responsabilidad" y apunta a que el edificio ya tenía problemas estructurales, ha aclarado la consejera.

"No está acreditada la relación de los desperfectos con la obra del punto de encuentro del ICASS, por mucho que insista", ha respondido Gómez de Diego a la diputada 'popular' Isabel Urrutia, que ha criticado que el Gobierno no haya dado una solución a los vecinos de este edificio de viviendas de protección oficial que fueron entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad hace 30 años, y habitadas a día de hoy en su mayoría por personas mayores.

"¿Está esperando a que se caiga el edificio?", ha cuestionado la diputada a la consejera, que ha respondido que el procedimiento está judicializado ya que los vecinos recurrieron la sentencia que da la razón al ICASS y por tanto se está a la espera del fallo, pero "con unos informes técnicos que dicen que no tenemos responsabilidad, no podemos destinar fondos públicos a la rehabilitación integral del edificio", ha defendido. Así, se habría ofrecido a los vecinos alguna ayuda para que lo rehabiliten pero "lo que quieren es el todo".

Antes de abordar este asunto, la consejera ha respondido en el Pleno a otras preguntas de Ciudadanos (Cs) por los 'okupas' de la calle Emilio de Mier de Sierrapando tras conocer que la Sareb -propietaria de las viviendas- les ha dado la posibilidad de quedarse firmando un contrato de alquiler social. Es por ello que la diputada del PP ha reprochado a Gómez de Diego que si los vecinos de Coro Ronda Garcilaso fuesen okupas, "ya les habría dado una solución". "Son personas mayores que viven con miedo", mientras los okupas "duermen a pierna suelta", ha denunciado Urrutia.

OKUPAS

En la misma línea se ha expresado el líder de Cs, Félix Álvarez, que ha preguntado a la titular de Políticas Sociales si el Gobierno y el Ayuntamiento han intervenido en los contratos ofrecidos por la Sareb a los inquilinos de Emilio de Mier, lamentando que da la impresión de que en Torrelavega "sale a cuenta okupar". Según ha señalado, serían seis las familias de okupas que habrían accedido esos alquileres sociales cuando, salvo dos, el resto no tienen la declaración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega que determina que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La consejera ha respondido que su objetivo es que las viviendas vacías de la Sareb estén en el mercado y vuelvan a ser habitadas, pero ha aclarado que su departamento no ha intervenido en los acuerdos entre los beneficiarios y la Sareb y que tampoco el Consistorio le ha trasladado que tuviera intención de negociar para que esas familias se quedaran.

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