ELDIARIOCANTABRIA ha sido el primer medio de comunicación que desveló las relaciones de EMERITA RESOURCES con el auténtico ‘Lobo de Wall Street’, el bróker Jordan Belfort. Similares prácticas a las del bróker neoyorkino las viene acometiendo en España desde hace años EMERITA RESOURCES, obteniendo sus directivos un considerable beneficio económico, tal y como aquí explicaremos, con la inestimable ayuda de la sempiterna tardanza judicial de los Tribunales españoles.
En Cantabria, los directivos de EMERITA RESOURCES se presentaron ante el Gobierno Regional como los salvadores de la zona del Besaya, aunque bien pronto se descubrió que no cumplieron nada de lo prometido, siendo también ELDIARIOCANTABRIA el primer medio que sacó a la luz la auténtica realidad económica de esa “empresa” y su falta absoluta de solvencia.
No son pocas las ocasiones -tampoco demasiadas- en que sale a la palestra el efecto demoledor que provoca la tardanza con la que Jueces y Tribunales resuelven los procesos judiciales en España. El retraso endémico de la Administración de Justicia, sobre todo en el ámbito penal, provoca daños irreparables en la carrera de los funcionarios y cargos públicos que, para su desgracia, acaban siendo implicados en los mediáticos casos que contribuyen a construir algunos medios de comunicación, por causa de su línea editorial. Daños en su carrera, en su honor, en su salud, en su prestigio, en su patrimonio, hasta en sus familias. El destrozo es irreparable sin que parezca que a muchos les importe esta situación. De ello se aprovechan arribistas y especuladores que conocen bien la muerte civil que provoca en los funcionarios y cargos públicos una imputación judicial, despachando contra ellos denuncias y querellas a diestro y siniestro.
Ya pronunció el filósofo cordobés Séneca, hace más de veinte siglos, la certera frase de que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Y las cosas no han cambiado demasiado en todo este tiempo. Para desgracia de nuestro país y sin que parezca que esta situación provoque mucha desazón en quienes son mayormente responsables de ella.
Lo que no suele casi nunca sacarse a la luz es el beneficio económico que esta tardanza judicial provoca para unos pocos, quienes con total impunidad consiguen enriquecerse con la especulación asociada a la insoportable demora con la que se resuelven los casos judiciales mediáticos que tienen una incidencia económica. Este es el caso de los directivos de la empresa canadiense EMERITA RESOURCES, la perdedora del concurso internacional de la mina de Aznalcóllar convocado en 2013, quienes se han visto beneficiados por la decisión de la magistrada de prolongar el proceso penal contra los empleados y cargos públicos que gestionaron aquel concurso hasta este 2022 y pretenden que se prolongue ¡hasta 2027! Eso pese a la denodada oposición del Ministerio Fiscal que, hasta en siete ocasiones, ha negado que existiera el más mínimo delito.
¿Recuerdan las acciones de a centavo que tan bien describiera Martin Scorsese en ‘El Lobo de Wall Street’? La Bolsa junior de Toronto es algo parecido. Así, las decisiones judiciales de la magistrada titular del caso han permitido que en la bolsa junior de Toronto los gestores de EMERITA RESOURCES hayan podido enriquecerse de manera brutal. Hace un año las acciones de esta “empresa” cotizaban a 10 centavos; hoy a unos 2 dólares y medio (canadienses). La progresión ha sido vertiginosa, provocada por la apariencia de que los jueces penales españoles pueden adjudicar la mina de Aznalcóllar a EMERITA (lo que, jurídicamente, está expresamente prohibido por el Tribunal Supremo desde el “caso Noos”).
Así resulta de la propia información ofrecida por EMERITA RESOURCES. Su responsable español, el geólogo de Alcalá de Guadaira Joaquín Merino, compró acciones incluso a solo 14 centavos, habiéndolas vendido el pasado noviembre hasta a 2,95 dólares, consiguiendo unos ingresos equivalentes a más de 316.000 euros. También es el caso del canadiense Michael Lawrence Guy, quien comprara acciones a 30 centavos y las vendiera en diciembre pasado, a 3,25 dólares, embolsándose un equivalente a casi 296.000 euros.
En total, centenares de miles de acciones de EMERITA RESOURCES han sido vendidas por los miembros de su Consejo de Administración en los últimos meses, aprovechándose del efecto tremendamente alcista que su valor ha experimentado gracias a la pendencia judicial, que ha ido en contra del criterio de la Jueza Instructora, del Ministerio Fiscal, de la Intervención del Estado y de la UCO de la Guardia Civil.
El resultado es desgarrador y tremendamente injusto. Unos, los funcionarios públicos, observan atónitos cómo sus carreras profesionales están arruinadas, su prestigio enfangado y su patrimonio casi desaparecido. Otros, los gestores de EMERITA se han beneficiado notablemente gracias a la especulación provocada por la tardanza judicial.
¿Dónde queda el derecho constitucional a ser juzgado sin dilaciones indebidas, dentro de un plazo razonable? Como ha apuntado algún notable doctor en Derecho, el magnífico cronista Joaquín Herrera, la situación de la Justicia en España va de mal en peor: “Que un inocente esté diez o quince años con esa presión es una auténtica vergüenza nacional”.
Próxima entrega: EMERITA RESOURCES, LOS AMIGOS DEL AUTÉNTICO “LOBO DE WALL STREET”: LOS CONSEGUIDORES (Parte 4)
