El pasado 14 de abril el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astillero denunció lo que consideraban una actitud de CCOO que permitía la concatenación de contratos que burlaban la legalidad. Dicha valoración llegó después de que el juzgado de los social nº 5 de Santander declarase improcedente el despido de una trabajadora en un auto en el que se reconocía “el fraude a la contratación”.
Ante esta acusación ha sido Francisco Javier Bascones, Secretario General de la FSC-CCOO de Cantabria, el que ha salido al paso asegurando que “quien incumple la Ley” es el propio Ayuntamiento, que ha sido condenado por la sentencia y denunciando lo que considera una "información sesgada" por parte del equipo de Gobierno.
Asimismo, ha asegurado que FSC-CCOO “nunca defenderá prácticas ilegales, y menos en el acceso a la función pública”. En este sentido, ha recordado que su sindicato no es el único que está presente en el Consistorio (UGT tiene 5 delegados), y ha explicado que “siempre defendemos que se garanticen los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”.
Bascones considera que “el equipo de Gobierno tiene fijación con unos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local afiliados a CCOO”
Bascones considera que “el equipo de Gobierno tiene fijación con unos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local afiliados a CCOO”, a su juicio porque ejercen “su labor de representación sindical con total independencia”.
Finalmente, ha sugerido al Ayuntamiento que aplique “los principios elementales de gestión pública y de participación, que son muy diferentes a los que seguramente alguno de sus componentes conocen en sus ámbitos privados de actuación”, y ha recordado que “juegan con dinero público”, por lo que “no es de recibo que lo utilicen para eliminar a las personas o sindicatos que les molestan”.
Carta abierta del Secretario General de la FSC de CCOO de Cantabria al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Astillero
Sr. Alcalde,
Como sabe, CCOO ha ganado la sentencia contra el despido de una agente de desarrollo local y delegada por CCOO en el Ayuntamiento de Astillero, declarando el despido improcedente, y al ser delegada de personal, puede optar a ser readmitida en las mismas condiciones en que se encontraba en la fecha del despido, y a pagarle los salarios de tramitación desde la fecha 1 de noviembre de 2015, o en caso contrario a indemnizarla con 28.817,88 euros.
La sentencia 134/2016 del Juzgado de lo social nº5, condena al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora o a indemnizarla (28.817.88 euros), una cantidad muy superior al coste que habría tenido mantenerla durante varios años desempeñando su trabajo para la corporación y al servicio de los vecinos de Astillero; Estima el despido improcedente, dice que la trabajadora no es temporal sino indefinida no fija y que la extinción del contrato se ha llevado a cabo antes de su vencimiento temporal, por lo que en aplicación del Art 56 del ET, establece su readmisión (opción de la trabajadora al ser representante de los trabajadores) o la indemnización de 45 días por año hasta la entrada en vigor de la Ley 3/2012, y de 33 días por año a partir del 12 de febrero de 2012.
Ya el pasado día 26 de octubre de 2015, cuando mantuvimos un primer contacto con Ud., le manifestamos nuestra oposición a la decisión tomada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astillero de no solicitar la prorroga y subvención para la contratación de un agente de empleo y desarrollo local, que se mantenía desde hacía bastantes años, renunciando a la subvención (que cubría el 80% del coste de personal), denunciando su contrato y extinguiendo la relación laboral. Este proyecto, para la gestión de un servicio de información local, no era nuevo ya que se viene manteniendo desde hace varios años y prácticamente se autofinancia; Invocaba Ud. el Art.7 de la Ley 27/2013 y consideraba, sin informe de sostenibilidad que lo avale, que la Agencia de Desarrollo Local (que tiene un Director, tres agentes de desarrollo, un auxiliar administrativo, y una agente de desarrollo-formación) ya tenía personal suficiente, decidiendo no solicitar la subvención con la que se mantenía el puesto de agente de desarrollo-formación, que casualmente es el de la delegada del Comité de Empresa por CCOO. Es curioso que sólo un puesto de trabajo (financiado al 80% por la subvención) pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.
Los motivos en que apoyaban su decisión, la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de reforma de la administración local, son artificiales, ya que nada les impide seguir ejerciendo las competencias distintas de las propias y/o delegadas, si no se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se acredite la inexistencia de duplicidades, y esto para nuevas competencias.
Tampoco resultaba coherente su defensa de la Ley de reforma de la administración local (a la que su partido PRC y su coaligado PSOE han criticado con fuerza), y que tan rápidamente y selectivamente aplican.
Menos comprensible es que, después de criticar al anterior Gobierno, sea el Ayuntamiento de Astillero el que primero aplique la Ley de reforma de la administración local, incluso cuando están apareciendo sentencias del constitucional poniendo en duda la constitucionalidad de muchos artículos de la Ley.
Nos sorprendía el entusiasmo del Sr. Alcalde con las normas más restrictivas del Gobierno del PP, diciendo: “Hago mías las palabras de la exposición de motivos de la Ley de economía sostenible, en la que se señala que las reformas en el sector público se han orientado a garantizar un entorno económico eficiente y competitivo desde la perspectiva de la sostenibilidad de todas las administraciones públicas”(escrito contestación nº 1017), poniendo por encima la estabilidad económica y la eficiencia del desarrollo de las personas y el bienestar social.
Consideramos que la decisión del Alcalde, al despedir de forma improcedente a la representante de CCOO en el Ayuntamiento de Astillero, después de las consideraciones que le manifestamos, supone una nefasta gestión por su parte tanto de los recursos humanos del Ayuntamiento como un despilfarro de sus recursos económicos, decisión apoyada por informes técnicos que se han demostrado erróneos o temerarios. No es de recibo que con el dinero de todos los ciudadanos de Astillero se lleven a cabo “purgas” para eliminar a quienes no son del gusto de la alcaldía, y sobre todo cuando ejercen sus funciones como representantes de los trabajadores.
Desde la FSC de CCOO, pedimos al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno local que cesen en sus actuaciones contra representantes de los trabajadores y no tomen decisiones, que además de enturbiar las relaciones con sus trabajadores y representantes, suponen un quebranto económico al Ayuntamiento, que “abren el melón” para que desaparezcan puestos de trabajo y servicios a los ciudadanos, y que deje de amparase en la aplicación de una ley de reforma de la administración local que desde sus organizaciones políticas dicen querer derogar.
En Santander, a 11 de abril de 2016
Atte.,
Francisco Javier Báscones Fontaneda
Secretario General de la FSC Cantabria
