El ejecutivo municipal PRC-PSOE en el Ayuntamiento de Astillero ha insistido en que se mantendrán firmes en la defensa de la legalidad como hoja de ruta a seguir en su acción de gobierno, si bien una sentencia del juzgado de lo social nº 5 de Santander ha declarado improcedente el despido de una trabajadora.
A pesar de la resolución, el propio auto “reconoce la concatenación de contratos temporales y el fraude de la contratación derivada de la realización de tareas diversas a las que constituían el objeto de su contrato de dicha trabajadora”.
Esta situación –apuntan ambos socios-, es consecuencia de la nefasta gestión que llevó a cabo el PP durante su gobierno puesto que dichos contratos “temporales” y el plazo de vencimiento de los mismos fueron llevados a cabo por el PP.
“El equipo de gobierno sólo decidió no solicitar una subvención puesto que dicha valoración corresponde a los órganos de gobierno y como en cualquier empresa, cuando el contrato llega a su fin, cesa la relación contractual, y con más motivo en la Administración, donde debe darse cumplimiento al principio de mérito, capacidad e igualdad”.
PRC-PSOE una vez más imputa a CCOO el hecho de que no hubiera llevado a cabo con anterioridad ningún tipo de actuación en defensa de todos los trabajadores, “cuando existían y eran conocedores de informes que advertían de que dichas contrataciones no eran legales” y- “entonces no mostraron rechazo alguno”.
“Lo que no es de recibo es que CCOO, con su silencio, haya consentido que se concatenasen todos estos años contratos burlando la legalidad”, y ahora “aplauda prácticas como el hecho de que el político de turno 'coloque a dedo' sin demostrar, dichas personas, conocimientos en ningún examen en competencia con otros ciudadanos”.
“El secretario de la FSC de CCOO, en su defensa a ultranza de su delegada sindical, nos propone que incumplamos la ley y que no se haga caso de los informes de los técnicos municipales, es decir, que se cometa un delito de prevaricación, y omitamos los derechos de todos los ciudadanos al acceso a un puesto de trabajo en la función pública”, conducta “por la que no vamos a transigir”.
