miércoles 20/10/21

Por una España laica

La Iglesia es el vehículo que articula la fe de los católicos y dicta sus normas teológicas y de funcionamiento, pero no un referente obligado para quien gobierna al que acudir en busca de autorización y beneplácito.

Cualquiera que me haya oído hablar de ello sabe de mi desafecto más absoluto con la Iglesia católica. No soporto a su jerarquía cuando pontifica imponiendo posiciones éticas, me repugnan hasta el malestar físico las declaraciones de obispos, arzobispos y curas oficiales cuando superan los límites de las cosas del alma para adentrarse en el orden de lo humano, rechazo con vehemencia su injerencia en los asuntos de la organización de la convivencia. En cualquier caso, soy un demócrata convencido, así que respeto con igual virulencia el derecho de cada uno a su espiritualidad y a sus creencias, y a desarrollarse personalmente de acuerdo con ellas.

El derecho a la identidad religiosa es individual, y no se refleja como obligación de los demás más que en la de la tolerancia, jamás en la de la aceptación pasiva de principios

Por supuesto también respeto las manifestaciones colectivas de culto y la puesta en común de la fe, siempre que se lleven a cabo en el espacio que les es propio, que no es otro que el de la íntima particularidad de la persona, sola o en grupo, en su hogar o en los templos. Cuando rebasa esos términos, y suele hacerlo apelando a la historia, a la tradición secular, a la necesidad de reposición moral de los tiempos, está invadiendo un hueco de la sociedad que no le corresponde. Seguramente no le fue propio nunca, pero ahora desde luego no. El derecho a la identidad religiosa es individual, y no se refleja como obligación de los demás más que en la de la tolerancia, jamás en la de la aceptación pasiva de principios, reglas ni participaciones políticas y públicas del colectivo que agrupe a los creyentes. La Iglesia es el vehículo que articula la fe de los católicos y dicta sus normas teológicas y de funcionamiento, pero no un referente obligado para quien gobierna al que acudir en busca de autorización y beneplácito. No hay flexibilidad posible en esto. Nos dirige quien elegimos en las urnas, y así es como decidimos el rumbo de nuestro destino. Los estándares éticos y morales son los que la sociedad en su conjunto da por válidos de acuerdo con su desarrollo colectivo, y no los que solamente un grupo quiera imponer. Así progresa la sociedad, con su impulso autónomo y sus decisiones democráticas, y no con imposiciones sectarias apoyadas en creencias religiosas irreductibles, por muy milenarias que sean.

La fe no puede determinar el rumbo del progreso social colectivo. No hay cabida en lo público para la religión

Me gustan las propuestas que el PSOE ha incluido en su programa electoral para dejar sentada de manera definitiva la separación entre Estado e Iglesia Católica, entre administración y religión. Para denunciar los acuerdos con el Vaticano, que exigen aceptar, por ejemplo, la enseñanza de la religión católica, sin tener en consideración ni otras bases religiosas ni sus horizontes éticos socialmente configurados, o que establecen una injusta fórmula de financiación privilegiada frente a otros colectivos mucho más necesitados de fondos públicos para cumplir su función. Para obligar a la Iglesia a tributar igual que hacen el resto de ciudadanos por los bienes que no son para el culto. Para colocar a la religión católica, en fin, en el sitio que le corresponde, ni más ni menos, con absoluto respeto a la libertad de cada cual para profesarla pero con la idea esencial, de partida, de que tal es un derecho personal que no tiene reflejo en la obligación del resto ni de hacerla suya ni siquiera de manera pasiva aceptando su presencia pública y en lo público. La Constitución deja claro, aunque probablemente aún no lo suficiente, que España es un país laico sin religión oficial y sin más derechos para los católicos que para judíos o musulmanes. El respeto al hecho religioso no admite pluses históricos ni interpretaciones teológicas. No tener religión también es un derecho fundamental, como lo es no tener que soportar sus manifestaciones en los espacios de desarrollo colectivo.

Desconozco el alcance de realidad de la existencia de otra vida después de esta. Lo que resulta un hecho objetivo sin discusión es que en esta, Iglesia y Estado son entes que han de tener, obligatoriamente, discurrires separados. La fe no puede determinar el rumbo del progreso social colectivo. No hay cabida en lo público para la religión. No es posible el gobierno de los hombres a la sombra de quienes gobiernan las almas. La neutralidad religiosa de la administración es tan esencial como lo es su neutralidad ideológica, que por cierto nadie discute. La Iglesia tiene su espacio de desarrollo propio y no caben injerencia ni vasos comunicantes. El día que esto se entienda con normalidad, pero sobre todo el día que esto se proteja con rotundidad, ese día seremos mucho más democráticos, mucho más modernos, mucho más sociales.

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