Somos un país sinigual a la hora de dispararnos al pie, con la pila de problemas hipergraves que tenemos encima de la mesa. Muchas veces abundamos en la idea de que es solo la política la causante de todos estos problemas, cuando los hechos hay que repartirlos entre muchos más sectores de nuestra sociedad. Podemos desplegar completamente el abanico para en sus varillas rotular el nombre de la banca, el Tribunal Supremo, la Audiencia de Barcelona, la patronal empresarial de visita a Junqueras, los nacionalistas catalanes, Villarejo, la Abogacía del Estado, la falta de acuerdo presupuestario o las declaraciones continuas que se hacen en España, a cada momento, insultando y provocando, que en la mayoría de las ocasiones están fuera de lugar.
Vengo comentando en algunos de mis artículos que la confianza de los ciudadanos hacia el sistema y el entorno en el que nos movemos política y económicamente (la Unión Europea) está bajo mínimos y, ahora queda bajo cero, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, saldada primeramente a favor de los consumidores y después de la banca. Quince magistrados yendo por un lado y trece por el contrario, dejan aún más clara la crisis de Estado en la que nos encontramos, y la necesidad de retocar constitucionalmente algunas cuestiones fundamentales, que deberían contribuir a que la independencia de los Poderes del Estado sea más real que retórica. España se asemeja ahora bastante a esa idea del filósofo Platón, que recomienda esto: “Mejor un poco que esté bien hecho, que una gran cantidad imperfecta”. Lo mismo sucede en las instituciones europeas, bastante perdidas con todo lo que está pasando, además de insolidarias con los problemas internos de los países, que van desde las crisis de deuda (Grecia), la inmigración (Italia), la radicalización (Polonia), el auge nacionalista (España), además de un peligroso incremento de los populismos extremos de izquierda y derecha.
La confianza de los ciudadanos hacia el sistema y el entorno político y económico, tras la sentencia de las hipotecas, está bajo cero
Meses atrás, veía incomprensibles las críticas que venían desde la mismísima Bruselas, más impulsadas por el buen marketing de Puigdemont, pero en el momento actual han pasado demasiadas cosas como para no estar preocupados por la salud de la justicia en España. Tampoco son buenos los antecedentes en el tiempo más corto a esta última sentencia sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados. Me refiero a la apropiación de ahorros de particulares, muchos de ellos gente mayor, conocidas como las preferentes, o la posición de los jueces ante los desahucios, a lo que hay que sumar la lentitud de los juzgados antes miles de reclamaciones de particulares para que les sean devueltos los gastos notariales derivados de la firma de hipotecas. En todos estos procesos, la sensación en la calle es que con la banca hemos topado, incluso cuando en plena crisis económica se aportó a estas entidades financieras más de cuarenta mil millones de eurosde dinero público (no devuelto), mientras los españoles vivíamos peor a causa de los despidos, la pérdida de negocios, el decrecimiento desueldos y los no pocos recortes dentro del denominado bienestar social.
Absolutamente nada de lo dicho durante la crisis económica sobre nuevas reglas para hacer una economía más justa y segura se ha cumplido
En su libro “El capital en el siglo XXI”, Thomas Piketty (economista francés especializado en desigualdad económica) argumenta que “es posible, e incluso indispensable, tener un enfoque a la vez económico y político, salarial y social, patrimonial y cultural”. Todo lo contrario a lo que ocurre de habitual en la España actual, tan insolidaria como variable a la hora de dictar sentencia y cambiarla antes de que el asunto de fondo, si los bancos pagan, tome forma. Absolutamente nada de todo lo dicho durante la larga crisis económica sobre nuevas reglas para hacer una economía más justa y segura para todos se ha cumplido. Tan solo hemos festejado mediáticamente los diez años de la caída del banco Lehman Brothers. Pero las preguntas e interrogantes que dejó la primera depresión económica del nuevo siglo siguen ahí. ¿A qué nos lleva meternos en hipotecas de tanta duración?; ¿hemos aprendido la lección del endeudamiento familiar acomodado a lo que ganan realmente sus miembros?; ¿nuestro sector bancario está alejado de los fantasmas de quiebra que marcó la crisis?; ¿los Estados y, sobre todo el Banco Central Europeo, ejercen sobre la banca una mayor y mejor regulación que dé seguridad sobre todo a impositores y ahorradores?. Superada la crisis 2007-2016, todas estas y más dudas siguen en el aire. Igual que las viejas costumbres del capitalismo, tal y como nos acaba de recordar la sentencia que libra a los bancos de pagar el impuesto de las hipotecas firmadas.