No se ha hecho un debate sobre qué parte del esfuerzo inversor del Estado tiene que destinarse a la escolarización desde edades muy tempranas o, si a la vez, hay que contemplar también medidas para que niños y niñas puedan permanecer más tiempo en sus hogares junto a sus progenitores (más allá de los actuales permisos de maternidad y paternidad) sin que a estos les suponga mermas en la renta o perjuicios laborales. Con independencia de esta reflexión que está por hacer, el hecho es que la legislación define el tramo de cero a tres años como un ciclo de carácter educativo; pero, incluso por encima de las leyes, es una realidad social la necesidad de muchas familias de escolarizar tempranamente a sus hijos e hijas. Todo ello, en definitiva, implica dos cosas: regular el Primer Ciclo de la etapa de Infantil y decidir en qué tipo de centro público se oferta.
Regular este ciclo no es solamente delimitar qué profesionales actúan en él, establecer las ratios o definir los requisitos mínimos de los centros que lo imparten. Hay que elaborar un currículo para estas edades y abordar un conjunto de necesidades del alumnado (emocionales, afectivas, de higiene, salud, descanso, alimentación…) todas ellas interrelacionadas, y a las que el sistema tiene que dar respuestas satisfactorias. En Cantabria no partimos de cero, porque nuestros colegios públicos atesoran una rica experiencia de varios cursos ofertando aulas de infantil de dos años. Pero ahora, no obstante, se trata de afrontar un reto nuevo y complejo como es el de ampliar la oferta a tramos todavía de menor edad. La Consejería de Educación se limita a esperar normas básicas del Estado, y éste, o sea, el Ministerio de Educación, parece que impartirá doctrina sin tener mucho en cuenta la opinión de maestras, técnicos superiores y otros profesionales. He aquí el eterno pecado original de nuestro sistema, en el que cambios, reajustes, ampliaciones y reformas son impuestos piramidalmente sin procesos previos de reflexión y debate entre la comunidad educativa.