domingo 1/8/21

Autonomía de los centros educativos y COVID-19

La manera como está gestionando el Gobierno la crisis desatada por la Covid-19 ha sido el recurso casi permanente a la autonomía de los centros, pero entendida no según un modelo participativo, sino según el modelo oficial que hace gravitar todas las decisiones sobre las direcciones de colegios e institutos.

La autonomía pedagógica y organizativa de los centros es un concepto que, al menos en un análisis superficial, parece casi universalmente admitido por parte de las personas que teorizan sobre educación. No obstante, la aparente unanimidad en torno a la autonomía desaparece cuando se entra a discutir sobre su sentido más profundo. Resulta curioso que una idea que parece hegemónica dé lugar a tantos debates hasta tal punto, que se ha llegado a cuestionar si es correcto utilizar el mismo significante para nombrar significados que, a veces, son completamente opuestos.  El discurso sobre la autonomía pedagógica y organizativa suele empezar por la necesidad de adaptar cada centro a su entorno y responder a las necesidades concretas del alumnado, con la vista puesta en fortalecer sus buenas prácticas educativas y corregir aquellas otras que no lo son o que pueden mejorar. La autonomía implica, a su vez, evaluación y liderazgo. Y es a partir de aquí, de qué entendemos por evaluación y liderazgo, donde los discursos se separan.

Las administraciones se acogen al comodín de la autonomía de los centros para tapar sus vergüenzas

En el relato oficial la autonomía de los centros va unida a una evaluación de sus resultados con el objetivo de premiar a los mejores. Es una visión neoliberal de la enseñanza que identifica la evaluación del centro con una rendición de cuentas en el sentido más empresarial de la palabra, como si la prestación del servicio público que garantiza un derecho fundamental como es la educación fuese comparable al balance de resultados que un consejo de administración presenta a su Junta de accionistas. Y si al frente de las grandes empresas hay presidentes, consejeros delegados, directores ejecutivos y toda una pléyade de figuras que rinden cuentas, y en las que se personaliza la gobernanza actual de las corporaciones, en la educación tiene que ocurrir lo mismo. Al frente de colegios e institutos tiene que haber, por tanto, un liderazgo fuerte que asuma todos los cometidos. Desde hace años y aunque con matices, diferentes administraciones vienen coincidiendo en profesionalizar y potenciar la figura del director del centro como líder que toma las decisiones y sobre el que tienen que descansar todas las responsabilidades, incluidas la gestión del personal. Un liderazgo, en fin, muy jerarquizado, en el que la figura del director no tiene por qué tener auctoritas si está ungido de toda la potestas, en el sentido más latino del concepto.

Frente a esta teoría oficial, que asigna responsabilidades y evalúa resultados en términos de eficacia y eficiencia empresarial, existen muchos discursos críticos que entienden la evaluación y el liderazgo de otra manera. Los que defendemos otras alternativas creemos en la superioridad de aquellas decisiones que son fruto del diálogo, el debate profesional y la reflexión colectiva. La autonomía de los centros, así concebida, no irradia de un núcleo directivo que impone sus ideas con voluntad de hierro; al contrario, la autonomía tiene que dar lugar a consensos, a principios que sean asumidos democráticamente por todos y todas, consensos que impulsen actuaciones pedagógicas y organizativas que sean sentidas como propias por el conjunto del profesorado, y, en consecuencia, llevadas a efecto desde el más profundo convencimiento personal de todos y cada uno de los miembros de un claustro. En este contexto, menos jerárquico y mucho más transversal, la evaluación es sinónimo de transparencia y de autocrítica positiva, y no de ajuste de cuentas en el que se premian lealtades y castigan disidencias.

La Consejería hace un regalo envenenado a los equipos directivos, facultándolos para tomar decisiones que no les corresponden

En ocasiones, y especialmente cuando se carece de grandes proyectos en materia de política educativa, las administraciones se acogen al comodín de la autonomía de los centros para tapar sus vergüenzas. La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria está siendo últimamente un buen ejemplo de ello. La manera como está gestionando la crisis desatada por la Covid-19 ha sido el recurso casi permanente a la autonomía de los centros, pero entendida no según el modelo participativo que acabamos de explicar, sino según el modelo oficial que hace gravitar todas las decisiones sobre las direcciones de colegios e institutos. El problema se ha producido desde el momento en el que la administración autonómica, probablemente superada por los acontecimientos derivados de la crisis sanitaria, ha renunciado a fijar un marco regulatorio común del trabajo docente tanto para el estado de alarma, como para las distintas fases de la desescalada por las que estamos transitando. La Consejería hace un regalo envenenado a los equipos directivos, facultándolos para tomar decisiones que no les corresponden, con lo que, injustamente, se les exige después la rendición de unas cuentas que no son propiamente las suyas.

El mes de junio con la reapertura parcial de los centros se prevé difícil porque la incorporación presencial y voluntaria de una parte del alumnado habrá que combinarla con la teleasistencia del resto, y, a su vez, unirlo a las tareas tradicionales del final de curso; todo ello después de más de dos meses de confinamiento con un teletrabajo que ha resultado psicológicamente agotador para el colectivo docente. Un panorama muy complejo, porque la tentación de la Consejería de no hacer nada con la coartada de la autonomía de los centros va a dejar a los equipos directivos huérfanos de instrumentos normativos (la potestas) para hacer frente a una situación que únicamente se podrá abordar desde un liderazgo moral (la auctoritas) que no es nada fácil y que no todo el mundo sabe ejercer.

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