El 28 de septiembre se celebra el Día Global de Acción para el Acceso al Aborto seguro y legal. En este día, las mujeres de todo el mundo se unen para un grito unánime, por un aborto legal.
El derecho al aborto no solo supone el derecho a que una mujer interrumpa voluntariamente su embarazo, sino que detrás del mismo radica la libertad de las mujeres para decidir libremente su maternidad.
Existe un problema en relación en la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo
España es un país muy avanzado en materia de igualdad, pero sigue teniendo grandes retos en los derechos sexuales y reproductivos. Aunque en nuestro país el aborto es legal, es necesaria una reforma para adaptar esta ley a la nueva generación de derechos. Es necesario revertir la difícil situación a la que muchas mujeres de nuestro país se enfrentan, no pudiendo ejercer este, su derecho, en su provincia y viéndose obligadas a viajar a otras provincias para abortar, dado que hay provincias en las que no se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Estas situaciones nos indican que existe un problema en relación en la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.
En 2019, más del 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en clínicas privadas, con las complicaciones y riesgos, que ello conlleva.
En relación al acceso a métodos anticonceptivos modernos, España ocupa el puesto 12 en Europa, esta situación es evidente que está relacionada con las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo.
El 38% de las mujeres en edad fértil declaró haber tenido que recurrir en alguna ocasión a la toma de la píldora del día después. Este porcentaje supera el 40% entre las mujeres de 20 a 39 años de edad.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres va más allá de la idea de reproducción. Implica el libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, el placer o la libre orientación sexual.
Ya es hora de que la interrupción voluntaria del embarazo forme parte de la sanidad pública sin ningún tipo de obstáculo para garantizar que ninguna mujer tenga que desplazarse kilómetros o ir a un centro privado para ejercer sus derechos.