Se han escrito ríos de tinta sobre las vacunas, desde la desconfianza inicial hasta la constatación de ser la mayor protección conocida contra el COVID, salvando la vida de millones de personas.
Recordar ahora aquellas polémicas con AstraZeneca y sus incumplimientos, los que prometían una dosis como Janssen y luego era medio timo, la más que sospechosa venta de acciones del CEO de Pfizer... que enturbiaron la percepción de su eficacia.
El tiempo ha ido dando y quitando razones, dejando claro que sin vacunas estaríamos casi desnudos ante el virus. Las olas vienen y van dejando su huella, a veces parece una simple estadística de infectados, saturación de UCIs, y siempre aquellos que ya no verán la siguiente.
En nuestro país se tiene tiempo para discutir de casi todo en el Congreso, incluso para "pastelear" sobre aquellos jueces que van al Tribunal Constitucional, pero los legisladores no tienen tiempo, o les importa un comino, la salud de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que con cada ola vuelvan los mismos problemas?, que tengamos las mismas inseguridades para enfrentarnos a esa situación y todo por no realizar una ley Orgánica que nos proteja a todos.
Lamentablemente, hemos observado un Tribunal Constitucional donde doce jueces con, o sin, piedad, de dudosa independencia sobre todo por un sistema de elección que siembra el virus de la desconfianza: 4 por el Congreso, 4 por el Senado, ambos por mayorías ⅗, 2 por el propio Gobierno y 2 por los propios jueces. Desde Europa nos dicen que es francamente mejorable. Esta institución se ha convertido en un órgano que los partidos políticos se han encargado de politizar hasta la cejas y para muestra, los últimos "miembros" elegidos.
Ellos que manifestaban el deber de despolitizar la justicia, sin embargo, lo desmienten con cada actuación, y es que "obras son amores, y no buenas razones". Entonces, ¿cómo podemos explicar que un órgano tan politizado como el Tribunal Constitucional le dé con las Tablas de la Ley en toda la cabeza al Gobierno?. Varias pueden ser las razones:
Estos jueces ahora son mayoritariamente conservadores, cosas de elecciones del pasado, y ahora hacen oposición al Gobierno desde esta alta institución.
Hay quien manifiesta que una vez nombrados para nueve años, son inamovibles y pueden actuar con criterios de mucha más independencia que lo que pensaban quienes les habían nombrado, e incluso, se puede pensar que "la mayoría de los jueces quiere ser justos y cumplir con su trabajo", eso no quiere decir que la interpretación de las normas no tengan ideología, uno es fruto de sus conocimientos, experiencias...
Otra es cuando un Gobierno lo hace tan mal y no le pueden salvar ni los propios jueces que han nombrado, así se puede ver que jueces llamados progresistas han votado en contra de lo legislado por el partido que les ha propuesto.
Puede ser que si se meten estos ingredientes en una coctelera y los agitamos bien, se comprendan mejor las actuaciones del Tribunal Constitucional, aunque sea más difícil saber las proporciones. Para muestra las dos sentencias que declaran inconstitucional los reales decretos por los que nos confinaron y el propio cierre del Congreso. Si los demás cometemos alguna irregularidad inconstitucional nos crujen, aquí el Gobierno se ha limitado a criticar al árbitro, criticar la sentencia del Tribunal Constitucional; cuando el problema de esta situación se produce por la falta de una legislación clara y que proteja a los ciudadanos.
Ahora los ciudadanos nos podemos preguntar, ¿por qué hay que respetar las normas de este Gobierno si luego pueden ser declaradas inconstitucionales?. La mayoría hemos respetado una norma inconstitucional, cumplido con nuestras obligaciones, encerrados en nuestras casas, en lo que se puede denominar "arresto domiciliario". Sin embargo, a aquellos que han infringido las normas hay que devolverles incluso las multas por sus comportamientos antisociales. ¿Qué locura es esta?, se castiga al que cumple la ley, y se premia al que la viola.
La irresponsabilidad del legislador que sigue sin realizar unas normas es como para llevarse las manos a la cabeza, porque si nos las lleváramos a otra parte esto podría acabar muy mal. Estamos saliendo de esta situación complicada a pesar de los legisladores, de su falta de sensibilidad, de actuación y de cumplir con sus obligaciones.
A los ejecutivos central y autonómicos se les puede reconocer un trabajo de coordinación en la distribución de vacunas, y la gran labor de nuestro sistema sanitario. Si algo está claro en nuestro país es el éxito de la campaña de vacunación, ello nos permite ante la prevista nueva ola, que la gravedad de la enfermedad pueda ser menor.
Manifestaba Miguel Ángel Revilla, que había que vacunarse "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar". Sabemos que al Presidente de Cantabria le encanta colocar titulares, pero tenemos unos derechos fundamentales que hay que respetar. En lugar de hacer manifestaciones grandilocuentes, más les valdría a los responsables políticos crear el marco legal que nos proteja a todos. ¿Existe el derecho a contagiar?
El debate sobre el pasaporte COVID, con una ley de salud nacional apropiada no existiría, ni las dudas, ni la inseguridad, pero algunos les gusta mucho estar "en candelero o candelabro", aunque lo de trabajar igual es algo diferente. Cierto que no vacunarse, sin motivo, es un comportamiento "antisolidario" con su propia salud y con la de los demás. Lo que parece demostrado es que sin la vacunación masiva se estaría en escenarios muy duros ya vividos, sin duda, sin vacunas no hay paraíso.