A partir del próximo 11 de abril comenzará en el Estado español la campaña de Renta y Patrimonio (también denominada “Declaración de la Renta”) por la cual una gran mayoría de las personas realizarán los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones que marcan las normas y las leyes establecidas, pues no hacerlo en tiempo y plazo acarrea su correspondiente sanción y multa.
Y poniendo como excusa esta próxima fecha en el calendario a mí gustaría comenzar diciendo que se denomina corrección política al lenguaje cuyas medidas o políticas están dedicadas a evitar la ofensa o la puesta en desventaja de ciertos grupos en la sociedad. Y es así como vemos que gran parte de la población suele considerar que las políticas a favor de los grupos que históricamente han sido oprimidos es una cuestión de justicia, o mejor, algo que es necesario evitar y/o corregir, a fin de poder de esta manera agraciar y empoderar a esas minorías que a lo largo de los años han sufrido discriminación, o bien han sido apartadas y excluidas por haber empleado, por ejemplo, su lengua ancestral; tal como ciertamente ocurre en el caso de la lengua cántabra.
¿Y cómo se puede mejorar y enriquecer una lengua (en este caso la cántabra) que en los últimos cien años ha sufrido represión, abandono, aislamiento y represión?
¿Y cómo se puede mejorar y enriquecer una lengua (en este caso la cántabra) que en los últimos cien años ha sufrido represión, abandono, aislamiento y represión? La respuesta es muy sencilla: a través de aportar el Estado, o bien la Administración autonómica, recursos y medios vía impuestos con la intención clara de corregir esta situación. A lo que se añadirá la puesta en marcha de un eficaz y eficiente sistema educativo que conforme y estructure de una manera adecuada el progreso y la prosperidad de nuestra lengua.
Llegados hasta aquí perfectamente se puede entre leer la relación que existe, por ejemplo, entre el saber y el poder, y que ciertamente aparece en muchas frases del filósofo, historiador de las ideas, psicólogo y teórico social francés, Michel Foucault. Y así, por ejemplo, vemos que una de sus frases más emblemáticas (y que está relacionada con el presente apartado) dice así: “La historia de las luchas por el poder, y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello: eso no debe saberse”.
Lo que Foucault quiere decirnos con esta reflexión es que el saber sirve al poder, pues el principal servicio que presta es el de ocultar la forma de cómo se ejerce, se obtiene y se sostiene. Y como él mismo indica: “eso no debe saberse”. Por eso se habla de las grandes figuras de poder y de sus obras, pero poco se menciona el conjunto de acciones, manipulaciones y muchas veces abusos que hay detrás de esto.
Y siguiendo con ello vemos que en varias frases de Michel Foucault aparece el tema del sistema educativo, ya que para este filósofo ello se trata de un ámbito que se encuentra estrechamente relacionado con el poder. Por eso afirma: “Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”. Nótese que no habla de la educación en general, sino del sistema educativo.
Y es que hay una gran diferencia entre uno y otro, pues el sistema educativo pretende subordinar el ámbito de la palabra, el saber y el poder, a los sistemas de dominación y control. Su papel, según Foucault, es (de una u otra manera) “domesticar” al individuo para que sirva a dicho sistema… y, por supuesto, nunca se cuestione nada, nunca exija nada, nunca levante la voz, y siempre pague impuestos; cuantos más mejor.
Esos mismos impuestos que siempre han sido (y durante siglos) el símbolo patente de la servidumbre. Pues los derrotados, los siervos y los subyugados, eran los que en última instancia debían pagar los impuestos estipulados para que la “organización” y el “estamento” se pudieran sostener. Vamos, igual que ahora, solo que ahora le dan un “aire social”. Y es así como hoy escuchamos en prácticamente todos los foros políticos (de todas las tendencias y de todos los colores) que los impuestos son “el precio justo y necesario de la libertad”.
Un Estado que garantice la libertad económica, dicen, ha de financiarse necesariamente mediante la imposición de las cargas fiscales a la actividad cuya libertad se pretende proteger. Es la misma teoría que nos explica la imposibilidad de confiar únicamente el bienestar del Estado y de la sociedad a las contribuciones que puedan ejercer y facilitar “unos ejemplares y anegados contribuyentes que velen por el bienestar común de todos”, pues ello haría que irremediablemente al final se terminase favoreciendo a los avaros y a los egoístas, a los caraduras y a los farsantes, a los insolidarios y a los pícaros. Triste, pero cierto, pues hasta que la humanidad no eleve su conciencia y su responsabilidad estas cosas están llamadas a sucederse y acontecerse una y mil veces.
Y lo que es peor, sin la exigencia de la universalidad de la carga fiscal, el Estado al final tendría que ganarse el favor de los capacitados para hacer grandes donaciones, a cambio, sin duda, de prebendas y favores; de seguro de dudosa reputación y legalidad. Por todo ello la libertad y la individualidad solo se pueden garantizar y salvaguardadas por un Estado, si al final todos contribuyen económicamente al mantenimiento de esas mismas estructuras.
¿Pero, qué sucede cuando unos pagan y otros no? ¿Qué sucede cuando son restringidos los derechos de la propiedad privada y la libertad del ejercicio profesional? Crecer recaudando impuestos solo es posible allí donde se tolera que los ciudadanos tengan propiedades y bienes, se genere riqueza y oportunidades, y, sobre todo, cuando existe y se da una baja presión fiscal. La falta total de libertad en la esfera económica significa, a la larga (o bien lleva aparejada a corto plazo), la nacionalización total de todos los medios de producción: intervencionismo, control de precios, etc. Y en el futuro, y al final, y a la larga, ello conduce y lleva irremediablemente hacia el caos más absoluto que podamos imaginar, donde nada funciona y todo está intervenido, fiscalizado y controlado en favor de solo una dirección y/o élite que todo lo supervisa y lo maneja en su único y exclusivo beneficio.
Nos cuentan que el Estado se convirtió en “liberal” cuando se erigió en persona jurídica en substitución de nobles y reyes. Entonces los impuestos dejaron de ser el símbolo de la sumisión, para convertirse en símbolo de justicia y libertad desde que el Estado nos permite a los ciudadanos votar. Ya que “gracias” a la ley electoral, los ciudadanos podemos decidir sobre la naturaleza e intensidad de los impuestos. ¿Pero es eso realmente verdad? Indudablemente no, pues reducimos la libertad a que un Gobierno equis de un Estado equis, nos permita graciosamente participar políticamente en la toma de ciertas decisiones. Y esto no es verdad, ya que apenas se da en algunos lugares como Suiza, pues en el resto del mundo ello es pura y simple ciencia ficción.
La manera de entender la comprensión liberal de los “impuestos”, así como de la “libertad”, tiene unos fundamentos completamente diferentes y distintos a lo que en verdad debería de ser, pues el punto de partida de todo experimento de pensamiento liberal no es el Estado (total); sino el de los ciudadanos y pueblo que intercambian (intercambiando) de forma voluntaria y en su propio provecho el fin o producto de su esfuerzo y/o trabajo. Es así como la persona puede adquirir y fundar propiedad sin Estado, así como que puede celebrar contratos y comprometerse en la vida económica sin Estado; pudiendo de esta manera ejercitar su libre disposición sin la omnipresente intervención de un Estado que todo lo desea controlar, vigilar e inspeccionar. Y es que no conviene olvidar que la libertad en la esfera económica no está garantizada por un Estado, sino que ella ya existe.
El Estado tiene plena potestad para transformar a cualquier individuo en no-libre, proscrito o delincuente; pero también puede hacer que el mismo sea más libre, más responsable y más participativo
El propio Estado, como persona jurídica, no es una máquina de hacer milagros, sino que requiere de la necesaria actividad humana, o si se prefiere, del libre albedrío para que su completa expansión y desarrollo del ser puedan ser una realidad verdaderamente verificable y comprobable. Por ello no puede hacer nada más que aquello que hacen los humanos mismos, y es que la libertad individual encuentra sus límites allí donde el Estado está presente o implicado. Tampoco está basada en el hecho de poder, o de deber participar en el Estado y sus eventos. Por lo tanto, el diagnóstico liberal solo puede ser uno: durante siglos los impuestos han sido la expresión de la servidumbre, y hoy igual que ayer también; pero si cabe aún en los tiempos presentes esto es todavía más destacado y reseñable.
¿Y por qué decimos esto? Pues porque si un Estado no es capaz de garantizar el mantenimiento de la identidad de su propio pueblo, entonces, ¿qué sentido tienen nuestros impuestos en favor de un Estado que no hace caso (oídos) a las reclamaciones y demandas de una sociedad que no desea perder sus raíces y sus fundamentos? El Estado tiene plena potestad para transformar a cualquier individuo en no-libre, proscrito o delincuente; pero también puede hacer que el mismo sea más libre, más responsable y más participativo.
Los autoproclamados rectores de los destinos del pueblo (no se cansarán de repetirnos que han obtenido el poder mediante la sagrada transmutación de la democracia, con la misma insistencia con la que ocultarán los verdaderos motivos que les llevaron a encabezar unas listas), no solo han logrado convertir a la gran mayoría de sus “súbditos” en víctimas, sino que también han hecho del victimismo una de las grandes virtudes de nuestro tiempo.
Por lo tanto, si pagamos impuestos, y con nuestro esfuerzo contribuimos a engrandecer a una sociedad (y a su clase política, que también es sociedad y vive de lo que el pueblo produce y genera), entonces también deseamos que una parte de esos mismos impuestos se destinen a la promoción de nuestra lengua nacional: el cántabru.