Lo primero que hay que hacer para oficializar el cántabru es lograr que los partidos políticos lo incluyan dentro de sus programas electorales. Solo así y de esta manera se podrá lograr que el cántabru inicie el camino y el cambio hacia sus reconocimientos y su posterior oficialidad. Una vez logrado el consenso necesario, y el posterior acuerdo entre los distintos partidos políticos, declarar cooficial el cántabru sería un mero trámite previsto en la Constitución española, que en su Artículo 3.2 establece que "el castellano es la lengua española oficial del Estado", y que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".
La "Ley de uso y promoción del bable/asturiano" (que consta de 4 folios), aprobada en 1998 cuando gobernaba en Asturias el Partido Popular, bien podría ser un primer paso, y también una primera inspiración de la cual "beber", no solo el Partido Popular, sino también el resto de fuerzas políticas que se hacen llamar cántabras; y que de seguro desean cuidar y respetar las señas de identidad de un pueblo singular.
Cuando en 1988 gobernaba el PP en Asturias, este partido estableció, entre otras cosas, que el Principado "garantizará la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados, respetando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje", comprometiéndose, por lo tanto, a que el uso o el estudio de la lengua "en ningún caso podrá ser motivo de discriminación de los alumnos".
Según la "Ley de uso y promoción del bable/asturiano", el aprendizaje de la lengua es, oficialmente, "voluntario", estando los colegios obligados a ofrecerlo siempre que lo solicite un alumno.
Y es que la oficialidad del cántabru no tiene por qué replicar necesariamente a la de otras comunidades (sean estas vecinas o no), pues de lo que en verdad se trata es de que se contemple la previsión constitucional del artículo 3.2, por la cual se pueda garantizar que quien quiera pueda hablar cántabru, ya que esta es la única manera para que el idioma se conserve y no se pierda.
Cantabria debe y tiene que buscar su propia vía y camino para poder lograr y hacer esto posible. El futuro de esta realidad se juega en el ahora presente.
Circunstancia que ya era asumida en los comienzos de los años 80 del pasado siglo por la Agrupación Electoral Nacionalista de Cantabria
Impulsar una reforma en el Parlamento de Cantabria en favor del cántabru es de vital y trascendental importancia, ahora más que nunca, además de que ésta es una realidad que no es nueva, ya que al menos tiene casi 50 años de trayectoria y recorrido político militante. Circunstancia que, por ejemplo, ya era asumida en los comienzos de los años 80 del pasado siglo por la Agrupación Electoral Nacionalista de Cantabria (AENC); con Rafael de la Sierra al frente. Formación política que aparte de tener en su programa electoral como ejes fundamentales el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el crecimiento económico, la profundización de la identidad cántabra, y la defensa del medio ambiente; igualmente, y también, propugnaba la revitalización, el impulso y la futura oficialidad de la lengua cántabra.
Es esta una verdad que en Cantabria, ni es sabida, ni tampoco es conocida como se debería, pero que, sin embargo, es verdadera y cierta, verificable y concreta. Ya que muchos militantes cantabriegos en su día se empeñaron en desarrollarla y conformarla, ampliarla y definirla, a fin de darle una concreción y una forma que pudiera tener como objetivo final una suma de voluntades y capacidades. Con todo, es verdad que no era una decisión que fuera a precipitar ningún acontecimiento inmediato y previsible, aunque, sin embargo, sí que suponía un cambio trascendental en la estrategia de la política lingüística del cantabrismo más militante y comprometido del aquel entonces en favor de su lengua cántabra.
Que en la actualidad las fuerzas políticas de Cantabria con representación en el Parlamento se limiten a aplicar el programa con el que han concurrido a las elecciones, no implica, ni tampoco ello es obstáculo, para que tal circunstancia (la revitalización efectiva de la lengua cántabra) se pueda poner en marcha y desarrollar con eficacia y éxito, a fin de poder ampliar al máximo (y con las herramientas de las que en esos momentos se disponga) el espectro posible de la lengua cántabra, como, por ejemplo, ya están haciendo con notable éxito en otros lugares, como sucede en Aragón, en Asturias, en León, o en Extremadura.
Por ejemplo, desde principios de septiembre de 2018, dieciséis vías situadas en la margen izquierda de la capital aragonesa; ya lucen las placas con su doble denominación en castellano y fabla. El objetivo, según el responsable entonces de la "Ofizina municipal de Lengua Aragonesa", Miguel Anchel Barcos, era promover la utilización de la lengua aragonesa, que como muy bien él esperaba, tres años después se han materializado convirtiéndose así el aragonés en lengua oficial de Aragón.
La modificación del Estatuto de Autonomía en favor del cántabru se puede hacer efectiva vía una enmienda en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
La modificación del Estatuto de Autonomía en favor del cántabru se puede hacer efectiva, por ejemplo, vía una enmienda que se pueda presentar en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, como, por ejemplo, ciertamente hizo Aragón hace ya algún tiempo. Tanto es así que la promoción de la fabla (que apenas conoce el 1% de la población aragonesa) ha sido uno de los empeños de socialistas y regionalistas, hasta el punto de que el año 2017 comenzó un proyecto para extender, a través de cursos de formación, el uso del aragonés entre los funcionarios.
Cada vez hay más voces individuales y colectivas en el arco parlamentario cántabro que abogan claramente por apuntalar y fijar en una reforma futura del Estatuto de Autonomía, la priorización y la valorización de la lengua cántabra en la enseñanza y en los medios de comunicación. Para ello, simplemente, hay que aprobar y apoyar enmiendas y solicitudes en favor de la oficialidad de la lengua cántabra. La próxima reforma del Estatuto de Autonomía es una oportunidad y una ocasión inmejorable para que se produzca dicha circunstancia. No hacerlo sería una traición y un error imperdonable al pueblo de Cantabria.
Buscar el máximo consenso en esta materia es fundamental y prioritario, además de que los caminos a explorar son y pueden ser muchos y variados. Como, por ejemplo, una reforma "parcial" del Estatuto que solo afecte a la lengua cántabra, pero que además le de vitalidad e impulso; a fin de ganar tiempo (formar profesores, realizar campañas de promoción y divulgación, etc.), y pueda servir al tiempo para preparar el camino para su futura revitalización e impulso. Y es que ya no hay más tiempo que perder. El tiempo, irremediablemente, es algo que corre en contra de nuestra lengua.
Otra estrategia a tener en cuenta y a desarrollar en estos momentos pasa por acordar el máximo desarrollo de la vigente Ley que marca el Estatuto en esta materia. Con todo, nos podríamos preguntar: ¿Qué pasos jurídicos tendrían que darse en todo caso? Hay dos interpretaciones posibles: a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno, y al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, o a las Cortes Generales. b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Cantabria, por mayoría de dos tercios, y la aprobación de las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento de Cantabria o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate o votación por el Parlamento hasta que haya transcurrido un año.
Así es como de esta manera sería posible acogerse a una reforma de competencias no reservadas al Estado, apelando en este caso a un ámbito lingüístico meramente cántabro, por lo que en estas circunstancias podría aprobarse por mayoría absoluta; si finalmente hay consenso y voluntad para ello.
La creación de una Mesa por y para la Normalización Lingüística del Cántabru (M.N.L.C.) en el Parlamento de Cantabria, podría ser suficiente para comenzar a respaldar la oficialidad de la lengua; aunque ésta tenga que recibir el apoyo como ley orgánica en el Congreso de los Diputados. Si bien, y a fin de blindarse ante posibles negativas del Estado español, habría igualmente que desarrollar al máximo, y en el menor espacio de tiempo posible (porque el tiempo apremia en este sentido), una Ley de Uso y Aplicación del Cántabru (L.U.A.C.) que dé consistencia y fortalecimiento a todo este proceso de revitalización y visibilización.
Alcanzar un acuerdo con el Estado español para el reconocimiento de la especialidad docente de lengua cántabra, es igualmente otro paso necesario y trascendental a realizar. Por otro lado (y mientras se resuelven los "apoyos" y "se fijan las conclusiones definitivas"), la aplicación de un plan piloto para introducir de forma voluntaria el cántabru como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas materias; es igualmente una circunstancia a tener muy en cuenta y a desarrollar en un futuro próximo.
No deberíamos de desaprovechar esta ocasión para avanzar hacia la oficialidad de la lengua cántabra, por lo que empezar a buscar desde ya mismo un compromiso de las fuerzas políticas, a fin de poner en marcha la reforma estatutaria en la próxima legislatura, debe de convertirse en un objetivo posible y realizable a corto plazo; si es que de verdad deseamos salvar y recuperar con medidas de calado y profundidad una lengua amenazada.
Los partidos cántabros no pueden demorar por más tiempo y espacio este asunto, por lo que ya ha llegado a su fin el buscar remedios y/o excusas del tipo: "profundizar en su uso", "buscar apoyos cuando se den las circunstancias políticas y el consenso social necesario que permitan la reforma del Estatuto de Autonomía", "ahora las prioridades son otras", etc.
No, ese no es el camino, porque ya se ha demostrado, y ya se sabe, que un año más que pasa sin concretarse acciones concretas y efectivas en favor de nuestra lengua, es un año más que se pierde de una manera irremediable en detrimento de la lengua cántabra de una manera y forma devastadora e irreversible.
No adoptar medidas y remedios significa o significará que pudiéndose hacer no se hace. Y si esto es así, quienes dicen defender los intereses de Cantabria, en realidad lo que quieren y pretenden decir es justamente todo lo contrario. No permitamos que pudiéndose hacer no se haga.