jueves. 30.05.2024

Accesibilidad universal, cuestión de principios

Santander, tras 10 años desde la aprobación de la ley y de diferentes mociones propulsadas por la oposición como la Oficina Municipal de Discapacidad, no ha avanzado ni invertido de forma notable en esta materia, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad.

La accesibilidad es un requisito para que las personas con y sin discapacidad puedan vivir el día a día en igualdad de condiciones. Pero no solo es un requisito: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, firmada por 180 países y ratificada por España en 2008 sostiene que "la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales" y así mismo, obliga a los Estados a “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.

Según el INE, en España hay más de 4,3 millones de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad. De todas ellas, 55.000 viven en Cantabria. Si se profundiza más, encontramos que el 69% de las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso al ocio y la cultura y el 35% para acceder a edificios.

Santander cuenta con una gran cantidad de barreras urbanísticas que impiden a las personas con o sin discapacidad tener una movilidad segura

En este contexto, el Congreso aprobó la Ley 1/2013 que señalaba que todos los entornos, bienes, procesos, productos y servicios tenían que ser accesibles y, en los años posteriores, se sumaron una batería de iniciativas promovidas por los diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas. En un principio, se vislumbraba un halo de luz pero de poco ha servido. Un ejemplo es Santander, que, tras 10 años desde la aprobación de la ley y de diferentes mociones propulsadas por la oposición como la Oficina Municipal de Discapacidad no ha avanzado ni invertido de forma notable en esta materia, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad.

Una persona ciega en nuestra ciudad no puede acceder al transporte público. Las paradas de autobús y la flota del TUS carecen de un sistema de braille o megafonía que permitirían a todos los ciudadanos acceder al derecho de disfrutar de un sistema de movilidad justo.  

Las calles también son un espacio de riesgo. Santander cuenta con una gran cantidad de barreras urbanísticas que impiden a las personas con o sin discapacidad tener una movilidad segura. La calle Luz de Albar o la calle Foramontanos son muestra de ello, con farolas en mitad de una acera de menos de un metro o con aceras pequeñas, irregulares y en mal estado.

La situación se recrudece en las escaleras mecánicas, introducidas en la aplicación de la movilidad vertical. No están planificadas para las personas con movilidad reducida, al no contar con itinerario de bajada ni con las dimensiones para una silla de ruedas.

Las playas santanderinas tampoco son para todos

En el apartado deportivo, la mayor parte de instalaciones deportivas (Ej. Monte, San Román, La Albericia) no se encuentran adaptadas, faltando accesos de entrada seguros o elevadores que den acceso a la grada.

Las playas santanderinas tampoco son para todos. Según datos del propio ayuntamiento, la mayoría de ellas, como es el caso de la playa del Camello no tiene vestuarios, duchas interiores ni zonas de sombra adaptadas. Tampoco tiene zona de baño balizada o baño asistido.

Los baños públicos también cuentan con severas deficiencias. No están habilitados para personas ostomizadas, que requieren de baños específicos para sus necesidades. Además, una parte importante de ellos de pequeñas dimensiones y de doble altura, impidiendo el acceso a las personas con silla de ruedas (Ej. Parque del agua). Las fuentes de agua viven una situación similar, como es el caso de la ubicada en el Parque de Mendicouague.

Las actuaciones pendientes son un largo etcétera. Santander, al igual que el resto de municipios necesita una renovación integral en muchos de sus barrios. Nosotros, como ciudadanos, debemos de reivindicar el respeto de los derechos fundamentales, exigiendo a las Administraciones competentes tanto estatal, autonómica como municipal, que acometan todas las acciones oportunas para dar debido cumplimiento a tales derechos. Sólo alzando la voz, conseguiremos ciudades más accesibles, inclusivas y seguras.

Accesibilidad universal, cuestión de principios
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