jueves. 08.12.2022

Los ataque vacíos de contenido a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual

Este viernes conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25N de aquel no tan lejano 1960, el dictador dominicano Rafael Trujillo mandó asesinar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas que lucharon contra su régimen despótico, y desde entonces denunciamos la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y reclamamos políticas públicas en todos los países para su erradicación.

En 1993 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero desde entonces los datos de que disponemos no son nada alentadores, por lo que sigue siendo necesario recordar este día. En lo más cercano, desde el 10 de octubre las cifras de feminicidios son terribles: 4 mujeres asesinadas y una menor; en lo que llevamos de 2022 han sido asesinadas 38 mujeres; y desde que tenemos datos, 2003, hemos alcanzado la cruel cifra de 1171. Pero la estadística no acaba aquí: 26 menores han quedado huérfanos en 2022, y desde 2013, en que se empezó a contabilizar, son ya 365 los menores sin progenitora; los menores asesinados este año son 2, pero también desde 2013, año en que se inició también el cómputo, ya alcanzamos la escalofriante cifra de 48.

El mensaje lo que dice es que esto no es solo cosa de mujeres, sino que se apuesta por contar con los hombres

El Ministerio de Igualdad presentó por primera vez en septiembre de este año los datos oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja ‑España es el primer país en contabilizar todos los feminicidios‑: entre enero y junio de 2022, 19 mujeres asesinadas dejando 3 huérfanos. Y lo más terrible de esos datos es que en el 58% de los casos, los feminicidios fueron familiares, el 100% de los agresores eran conocidos de las víctimas y aún peor, el 57% eran mujeres mayores de 60 años, lo que muestra claramente la violencia que sufren las mujeres mayores.

Desde este ministerio se acaba de lanzar una campaña que se dirige a los hombres, pero no a los agresores para que se rehabiliten, sino a aquellos que aún no reconociéndose machistas ni violentos tienen pendiente realizar esta reflexión: ¿qué puedo hacer yo contra la violencia machista?, ¿he apoyado alguno de estos comportamientos en amigos machistas?, ¿me he callado cuando he visto casos como estos? Se ha intentado que el mensaje cale en la gente joven y en el mundo digital no solo al contar con el streamer, sino también con las ventanas que se cierran mientras se lanza el mensaje “¿Entonces, quién?” ya que considera las violencias machistas como un virus de transmisión social. Al ser imposible poner una vacuna a la mitad de la población, el mensaje lo que dice es que esto no es solo cosa de mujeres, sino que se apuesta por contar con los hombres y con su apoyo en un tema de tan hondo calado en nuestra sociedad: si ni tú ni yo hemos sido, y las mujeres han sido agredidas, ¿entonces quién ha sido?

Desde el ministerio regido por Irene Montero y desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, al frente de la cual está una de las juristas más acreditadas del país, Victoria Rosell, las medidas para erradicar las distintas violencias contra las mujeres en nuestro país son de un valor incalculable por mucho que desde los medios de comunicación y de algunos partidos y personas se haya intentado aminorar su valor cuando no considerar inútil este ingente trabajo legislativo. Esta es la nueva forma de infravalorar y de adoctrinar a las mujeres valientes que luchan por los derechos de todas y de todos en España; pero el plan más abyecto de los mal llamados “medios de comunicación”, ayudados por partidos y personas interesadas, ha sido el ataque a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual imprecando y señalando a las mujeres antes aludidas a pesar de que también otros ministerios como el de Justicia han intervenido en el articulado de la ley. Aunque los ataques han ido vaciándose de contenido a medida que grandes juristas han dicho que esta ley está muy bien hecha y redactada, la defendemos porque da un paso de gigante al considerar que el delito está determinado no por el grado de violencia y de resistencia de la víctima ‑como hasta ahora‑, sino por la ausencia de consentimiento.

Con este cambio legislativo está sucediendo lo que ha pasado siempre que se han cambiado las penas en las sucesivas modificaciones del Código Penal

Además, porque unifica los antiguos delitos de abuso y agresión en agresión sexual con diferente gravedad; porque incluye nuevos tipos de agresiones de menor intensidad y porque se estableció una horquilla de penas diferente rebajando las más bajas para una mayor proporcionalidad en las penas, siempre teniendo en cuenta que nuestro Código Penal es de los más severos en cuanto a la gravedad de los correctivos que impone. A pesar de los muchos interesados en hacer ver que esta ley se basa en conceptos erróneos o equivocados, lo que queda clarísimo cuando se lee y se analiza en profundidad es que no gravita únicamente sobre estas modificaciones del Código Penal, sino que establece otras muchas medidas de capital importancia para la prevención de las agresiones, la atención y la reparación de las víctimas, que parecen haberse olvidado en el debate actual, quién sabe si con aviesos intereses. Veamos cuáles son esas medidas: prevención y sensibilización en ámbitos como el educativo, el digital y de la comunicación, el sanitario y sociosanitario, el publicitario, el laboral, el castrense, en instituciones residenciales y lugares de privación de libertad y en la administración pública; la detección de violencias sexuales, la formación en todos los ámbitos ‑docente, sanitario, carrera judicial, abogacía, forense y penitenciario‑ apoyándose en campañas institucionales de prevención e información y en una formación reglada con especialización profesional y con medidas relativas a la evaluación, certificación, verificación y acreditación de centros y títulos educativos universitarios; es decir, que vertebra a toda la sociedad en su conjunto.

Con este cambio legislativo está sucediendo lo que ha pasado siempre que se han cambiado las penas en las sucesivas modificaciones del Código Penal. El debate jurídico parece estar aclarando algunas cuestiones: el propio Código Penal tiene una disposición transitoria para estas situaciones que hace innecesario que la ley incorpore una tal y como se está sugiriendo. Esta disposición instaura que para establecer el beneficio del reo hay que analizar la norma completa y no aplicar matemáticamente el imponer la nueva pena mínima. Lo que nos está diciendo es que deben revisarse las normas completas del Código Penal antiguo y de la nueva norma y que a la luz de ello se aplicará o no la reducción. Además, hay que comprobar si los hechos probados con arreglo a la nueva ley pueden ser castigados con la misma pena que establecía el Código Penal de 1995 en su disposición transitoria segunda. Para acabar, no podemos olvidar que los casos en los que se ha cambiado la sentencia son poquísimos además de recurribles y hay que esperar a ver cómo fija doctrina el Supremo teniendo en cuenta que la Fiscalía se opone a rebajar las penas a agresores sexuales si siguen vigentes en esta ley.

Como conclusión a esta tribuna debo decir que los abortos selectivos, los infanticidios y abandonos de recién nacidas; los asesinatos de honor debido al anticuado código que impera aún en muchos países; la reclusión y la mutilación genital; los matrimonios infantiles, la ley del velo obligatorio, la violencia económica debida a la brecha de género en salarios y pensiones, la violencia obstétrica ‑reconocida por la OMS como un problema grave y que en países avanzados como el nuestro han sufrido, según la última encuesta, un 38% de las gestantes‑, son en la actualidad formas de ejercer la violencia machista en todos los países del mundo, aunque solo hablemos de estos horrores en países como Irán o Afganistán, si bien en ellos ocurre de forma mucho más severa.

Sin el apoyo desinteresado de Gema Pérez y de Charo Quintana, sin el aliento de Sandra González, sea cual sea el lugar que habite, y sin todo el conocimiento y pasión que me insuflaron mis profesoras del Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo esta tribuna habría sido imposible. A ellas quiero darles mi agradecimiento más profundo.

Los ataque vacíos de contenido a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual
Comentarios