Los hechos se remontan a 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando el Tribunal Supremo da por probado que la alcaldesa de Santa María de Cayón, la entonces ‘popular’ Pilar del Río Ruiz de Prada (actualmente gobierna el municipio encabezando una candidatura independiente), provocó un accidente de tráfico y huyó del mismo con la ayuda de un guardia civil. Más concretamente, la sentencia de la Sala de lo Militar confirma la sanción de seis meses de suspensión de empleo al sargento que facilitó que la regidora abandonase “subrepticiamente y sin avisar” la escena del suceso.
La sentencia, de la que se ha hecho eco inicialmente la Cadena Ser, desestima de este modo el recurso interpuesto por el guardia civil contra la resolución del Ministerio de Defensa, que fijó esta sanción por lo que consideró una falta muy grave cometida el 6 de noviembre de 2021. Dicha resolución, que es la que ahora confirma el Supremo, relata que ese día, en torno a las 21:30 horas, se produjo el accidente de tráfico en la carretera CA-142. El vehículo que conducía la alcaldesa de Santa María de Cayón, un Toyota Yaris, golpeó por detrás otro turismo en el que viajaban dos personas.
En cuestión de minutos, en el lugar de los hechos se personó el sargento, que responde a las siglas J.A.F.D., vestido de paisano y en su vehículo particular. El relato de Defensa recoge que el agente se identificó como “el sargento de Astillero”, tomando fotografías de la documentación del vehículo golpeado y dando sus datos al afectado para formalizar el parte por el accidente.
Cuando llegaron los guardias civiles que habían sido requeridos por la llamada al 112, el sargento les comunicó que estaba todo arreglado, que había sido un pequeño golpe y que ya se había acordado para arreglar el parte. Pero cuando los agentes terminaron de hablar con los ocupantes del turismo golpeado, tanto el sargento como Pilar del Río habían abandonado el lugar “subrepticiamente y sin avisar”. Eso impidió identificar a la alcaldesa y hacerle las pruebas habituales en estos casos de detección de alcohol y drogas.
Cuando finalmente se logró localizar al sargento, tras varias llamadas infructuosas, este reconoció que había estado en el lugar del siniestro y que “se había llevado a la responsable del mismo por tratarse de un cargo público”. Su interlocutor, teniente de la Guardia Civil, le afeó el comportamiento por frustrar “la práctica de diligencias importantes”, y aunque el sargento aseguró entenderlo, insistió en que “tenía que sacar de ahí a la alcaldesa”.
Pilar del Río terminó prestando declaración por lo ocurrido, en la que, según el relato de Defensa, explicó que tras el accidente se puso “muy nerviosa”, llamó a una amiga y acudió junto a su marido, el sargento de la Guardia Civil, a los que pidió que la llevaran a casa.
Para el Supremo, que comparte el criterio del Ministerio, el sargento hizo “un mal uso” y “abusó” de sus atribuciones, a lo que se suma que “no cabe duda alguna de que con su comportamiento ocasionó un grave daño a la administración representada por el Cuerpo de la Guardia Civil”. Por ello, rechaza la demanda del sargento, que ya logró que la sanción fuese rebajada de un año a seis meses, y confirma que la suspensión está “debidamente motivada e individualizada”, subrayando que está impuesta “prácticamente en su mínima extensión”. En el caso de faltas muy graves, tal y como la considera Defensa, las penas van de tres meses y un día a tres años.
