Los residentes de Selaya han decidido tomar medidas legales en respuesta a un proyecto de carretera que ha desencadenado una ola de “indignación” en la comunidad. Así lo ha trasladado la Asociación para la protección del territorio La Velorta en un comunicado, en el que afirman que el proyecto, que amenaza con comenzar en menos de quince días, ha sido objeto de críticas abrumadoras debido a “múltiples irregularidades” que han salido a la luz en los últimos días.
Uno de los puntos más controvertidos es “la falta de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto, a pesar de que se encuentra en una Zona Especial de Conservación (ZEIC) de la Red Natura, lo que, en sí mismo, exige una evaluación ambiental exhaustiva. Según el Plan de Carreteras, el proyecto está claramente identificado como necesitado de una DIA, sin embargo, los responsables del proyecto han negado esta necesidad, alegando a una ley que ya no está en vigencia desde hace más de una década”, informan desde la Asociación. Algo que, sostienen, ha dejado “perplejos” a los vecinos, que consideran que “se está ignorando de manera flagrante la protección ambiental necesaria en la zona”.
“Los residentes, que han estado esperando durante dos décadas la reparación de la carretera de Pisueña, se sienten profundamente estafados y menospreciados por un proyecto que, según ellos, trata a las zonas rurales con desdén y falta de respeto”, sentencian.
‘La Velorta’, que representa a los vecinos en este asunto, ha manifestado su “profunda preocupación por la falta de transparencia y participación en el proceso de planificación del proyecto”. Los vecinos exigen que se reevalúe el proyecto en su totalidad, considerando alternativas menos intrusivas y más respetuosas con el entorno.
Desde la asociación sostienen que las acciones legales emprendidas buscan poner fin a lo que los vecinos consideran una "absoluta chapuza" y garantizar que la carretera de Pisueña se repare de una vez de manera adecuada, sin sacrificar el patrimonio cultural y ecológico de la zona.
De esta manera, la comunidad se ha unido para “defender sus derechos y la protección del entorno natural” ante una “incertidumbre” que prevalece entre los vecinos de Selaya. Unos vecinos que, avisan, “se preparan para una batalla legal en defensa de su comunidad y su entorno natural, esperando que la justicia prevalezca y que se encuentre una solución que respete tanto sus necesidades como el medio ambiente”.
