martes 25/1/22

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha citado a declarar, en calidad de investigada, a la exempleada de Noja implicada en el desvío de "más de 750.000 euros" de fondos públicos denunciado por el Ayuntamiento. La antigua trabajadora municipal, que estaba en comisión de servicio realizando labores de Intervención, está citada el próximo 14 de enero a las 10:30 horas, acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental por el Consistorio.

Ese mismo día, entre las 9:00 y las 10:00 horas, también han sido llamadas a testificar las directoras e interventoras de sucursales de dos entidades bancarias de Castro Urdiales y Santander, según la providencia de la magistrada a la que ha tenido acceso esta agencia.

El inicio de las testificales se había fijado para el pasado mes de noviembre con el interventor municipal, pero debido al Covid la cita se pospuso a este viernes, 17 de diciembre, cuando también declararán otros cuatro testigos más, dos de ellas de la Agencia Tributaria. La titular del Juzgado que instruye esta causa ha acordado asimismo requerir a dicho organismo la remisión de copias de distintos expedientes relacionados con la implicada y demás personas involucradas, entre otras peticiones solicitadas a distintas entidades financieras.

INVESTIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento nojeño denunció ante el Juzgado de Santoña el "desvío de más de 750.000 euros de fondos públicos", tras la investigación interna impulsada por el equipo de gobierno PRC-PSOE, según la cual estos hechos podrían ser constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsificación documental.

La investigación del Consistorio, personado como perjudicado en las diligencias abiertas, comenzó al día siguiente del requerimiento de la Agencia Tributaria de información desde el año 2012 y hasta 2019, y según informó hace tres meses el bipartito, había "desvelado hasta el momento un desvío de más de 750.000 euros de fondos públicos".

La administración local puso lo sucedido en conocimiento de la Justicia. Además, llevó a cabo una reorganización interna y colaboró con la investigación de la Agencia Tributaria. También entregó al Tribunal de Cuentas la documentación requerida.

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