El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 29 de diciembre, el embargo de una vivienda propiedad de J.A.L.G. y M.L.D., padre y hermana, respectivamente, de la exinterventora del Ayuntamiento de Noja investigada por desviar más de 750.000 euros de fondos públicos.
En concreto, el BOE recoge dos edictos emitidos el pasado 26 de diciembre por la delegada instructora, Fátima Morales González, en los que expresa el “acuerdo específico” por el que el Tribunal de Cuentas, para obtener “cantidad suficiente para cubrir el importe total de 816.226,56 euros”, procede a la “anotación preventiva de embargo del bien inmueble” que, según detalla la publicación, está ubicado en la calle de Francisco Navacerrada, número 56, piso primero, letra B, en Madrid.
El citado Tribunal cubre, de este modo, la cuantía que la extrabajadora del Consistorio nojeño desvió, y que fue descubierta en 2021 tras una investigación interna del propio Ayuntamiento después del requerimiento de información que realizó la Agencia Tributaria, correspondiente al periodo entre 2012 y 2019. Es importante recordar que la investigación que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas se ha desarrollado de forma paralela al proceso judicial que se inició en el juzgado de Santoña a raíz de la denuncia del Ayuntamiento por malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental, y que continua su procedimiento.
A este respecto, el que fuera alcalde de Noja en 2021, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha mostrado su satisfacción por el “funcionamiento de la Justicia” y ha recordado que fue gracias a la “investigación interna y a la apuesta por la transparencia del equipo de gobierno PRC-PSOE” que se logró desvelar la cantidad de fondos públicos desviados y el “alcance real de las actuaciones realizadas por esta extrabajadora”.
Es por eso que el exregidor ha expresado su “confianza en que los procesos judiciales que quedan pendiente se resolverán en la misma línea”, lo que demostrará que “la Justicia tiene sus tiempos, pero siempre termina por poner a cada uno en su sitio”. Asimismo, ha recordado que “el compromiso de aquel equipo de gobierno con la legalidad y la transparencia permitió la colaboración con la investigación de Hacienda desde el primer momento”, agilizando los procesos y “permitiendo que ahora conozcamos esta resolución del Tribunal de Cuentas”.
La documentación que requirieron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en abril de 2021 se remonta a 2012, es decir, cuando al frente del Ayuntamiento de Noja se encontraba el PP de Jesús Díaz (actualmente los ‘populares’ vuelven a gobernar con Mireia Maza al frente del equipo de gobierno). Cabe recordar que Díaz estuvo al frente del equipo de Gobierno municipal durante décadas y que ha terminado siendo condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Tras el requerimiento de documentación, la exinterventora, en Comisión de Servicios, solicitó la baja y dejó de desempeñar las funciones que venía realizando. A esto se sumó una reestructuración del organigrama municipal que realizó el equipo de gobierno en aquel momento de cara a cubrir la ausencia y apartar definitivamente a esta extrabajadora de su cargo. Poco después se dio a conocer que la denunciada ejerció como secretaria interina en el Ayuntamiento de Boadilla del Camino.
La denuncia ante el juzgado de Santoña que realizó el Consistorio se produjo al día siguiente de la solicitud de información, pero en septiembre de 2021 se produjo una ampliación de la misma debido a la exhaustiva investigación interna realizada en esos meses, que permitió desvelar el desvío de esos más de 750.000 euros que ahora el Tribunal de Cuentas quiere cubrir con el embargo del piso de Madrid a nombre del padre y la hermana de la investigada. Además, dicha investigación permitió conocer los detalles del método empleado por la exinterventora.
Ruz Lavín ha destacado que la resolución de este caso en el Tribunal de Cuentas es un “claro ejemplo de que las instituciones funcionan cuando actúan con transparencia”, y ha agradecido la labor que llevaron a cabo “tanto los trabajadores municipales como los funcionarios encargados de esta investigación para resolver lo ocurrido sin que supusiera un perjuicio para el funcionamiento del Ayuntamiento”.
