Desde este sábado cualquier persona que se acerque a un comercio a comprar cloro, acetona, ácido sulfúrico o ciertos abonos tendrá que identificarse independientemente del medio de pago, quedando registrados su nombre y otros datos relevantes, incluyendo la cantidad y el tipo de producto adquirido. Esa es la principal consecuencia del nuevo plan que trata de impedir, o al menos dificultar, la venta de precursores de explosivos, sustancias que en muchas ocasiones se compran en una tienda y que pueden ser utilizados con fines terroristas si se combinan con otros componentes. En concreto, la vigilancia se extremará en centros como farmacias, droguerías, ferreterías, centros comerciales, supermercados o tiendas de jardinería.
Así, el Ministerio del Interior trata de llenar uno de los vacíos legales detectados tras los atentados en Cataluña en agosto de 2017 y la posterior explosión de la casa-laboratorio de Alcanar (Tarragona) utilizada por la célula yihadista. El departamento del exministro Juan Ignacio Zoido propuso entonces reforzar estos controles en diferentes foros policiales y políticos, como es el caso del Pacto Antiyihadista y las reuniones de ministros europeos.
Junto a estos controles se contempla también lanzar una campaña informativa, especialmente en el pequeño y mediano comercio, algo que demandan los expertos de la lucha antiterrorista ante la proliferación de vídeos tutoriales para la fabricación de artefactos explosivos 'caseros'. El control también se extenderá a los proveedores de estas sustancias.
Fuentes de Interior han explicado a Europa Press que la instrucción se ha remitido este viernes por la mañana tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, dando traslado también de la misma a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En dicha orden ha participado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
G-6
España se comprometió el 16 de octubre de 2017 en el G-6 de ministros del Interior -con Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia- a impulsar normas para establecer un mayor control de los precursores de explosivos, así como mejorar el acceso a los datos de las comunicaciones manteniendo el equilibrio entre privacidad y seguridad. En aquella reunión estuvo representada la Unión Europea y participó el ministro del Interior del Reino de Marruecos.
En la rueda de prensa, Juan Ignacio Zoido hizo hincapié en la necesidad de intensificar las medidas de control de los precursores de explosivos, para lo que apostó por tener una relación más estrecha entre comerciantes y autoridades a fin de "detectar" las transacciones de determinados productos "que puedan resultar sospechosas". El entonces ministro del Interior insistió en estas medidas en la reunión del Pacto Antiyihadista celebrada el 27 de diciembre con representantes de los partidos políticos. En este foro se anunció una batería de medidas para mejorar el control en fronteras con cambios en la ley de extranjería que "eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll", cerebro de los atentados de agosto en Cataluña.
Entre las once medidas legislativas y la "novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado se incluyó la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan en viviendas o alquilan vehículos de motor, así como mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el "tráfico ilícito no financie actividades terroristas".
Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se refirió a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o 'madre de Satán'), usando además bombonas de butano. Interior abogó entonces por un "reforzamiento" de medidas de control que afectaban a otras cuestiones como los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
