domingo. 19.05.2024

La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) ha denunciado la "inactividad" del Ayuntamiento de Santander ante las denuncias por ruido. En un comunicado, la agrupación ha realizado un llamamiento a las administraciones públicas, en especial al Consistorio, para que ejerza "de forma eficaz y eficiente" en el ámbito urbanístico y de control del ruido, para "prevenir, evitar y suprimir" la contaminación acústica que "impida o limite el ejercicio del derecho de los vecinos".

La FECAV ha manifestado sus demandas con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el 24 de abril, señalando la unión de las asociaciones vecinales "que reúnen a la mitad de los afectados por la contaminación acústica" para promover el cuidado del medio ambiente acústico y la concienciación sobre las molestias y daños que genera el ruido en las personas, animales y bienes.

En este sentido, recuerda que la contaminación acústica es un “problema de salud pública” que puede alterar “principalmente la presión arterial”, a lo que se suman “alteraciones frecuentes cardíacas”. Asimismo, añaden que “tras prolongadas ocasiones”, esta contaminación puede derivar en hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Además, "en los niños también incluyen dificultad para aprender y reduce el rendimiento escolar".

La Federación recoge en su comunicado las conclusiones de una investigación del Instituto de Salud Carlos III, en las que se señala que “el ruido se relaciona con un mayor riesgo de sufrir ingresos hospitalarios”, y el ruido urbano, en concreto, representa un “factor de riesgo para la ansiedad y la depresión”. Por otro lado, la contaminación acústica se relaciona con “más ingresos hospitalarios urgentes por esclerosis múltiples, Parkinson o Demencia”, y el ruido del tráfico se relaciona con un “aumento de la mortalidad por diferentes causas”.

Por eso, FECAV recuerda que “el ruido puede suponer la vulneración del derecho de la intimidad de la persona y del principio de inviolabilidad del domicilio, principios fundamentales en un Estado de Derecho”.

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