sábado. 01.10.2022

Toda la Corporación municipal de Santander, salvo el PP, quiere investigar las irregularidades del contrato del servicio de recogida de basuras (que firmó el propio PP cuando gobernaba en solitario). Es decir, incluso su socio de gobierno, Cs, y el partido en el que se apoya en numerosas ocasiones para sacar adelante sus iniciativas, Vox, han apoyado investigar qué ha ocurrido para que el servicio no se haya prestado como debería, generando los consecuentes problemas de limpieza en muchas zonas de la capital cántabra. Los 'populares', con Gema Igual a la cabeza, ya han anunciado en numerosas ocasiones su intención de llevar a los tribunales, si es necesario, la comisión que debería comenzar este martes. Pero antes de eso, el PP ya ha logrado, al menos, paralizar de forma temporal la convocatoria de esta comisión.

Aún se encuentra pendiente de ser resuelto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de julio de 2022

Y lo ha hecho a través de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que forma parte de este órgano de nueva creación. Ha sido ella la que ha presentado un recurso solicitando la suspensión cautelar de dicha convocatoria, lo que permite al Ayuntamiento paralizar momentáneamente esta investigación.Así lo ha informado el Consistorio en un comunicado este mismo lunes, apenas unas horas antes del que tendría que ser el inicio de esa comisión con su constitución en una reunión extraordinaria en el Salón de Plenos del Consistorio, y que ahora se suspende de forma temporal.

El Consistorio ha indicado que, de acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, procede suspender la convocatoria de la comisión, "a tenor del tipo de vicios invocados, de la posible irreparabilidad de los perjuicios que se producirían, así como de la correspondiente ponderación de los intereses en liza, y en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto al fondo del asunto".

El informe jurídico estima que "se puede constatar" que la ejecución del acto administrativo objeto de la impugnación (la convocatoria de la comisión) "puede tener una incidencia lesiva sobre los derechos de la concejala recurrente y que tales perjuicios podrían resultar irreparables". "Entendemos que, mientras que la suspensión cautelar de la convocatoria podría evitar otros daños y no impediría constituir más tarde la comisión de investigación (restando, además, varios meses hasta el fin del mandato de la Corporación); en cambio, en el caso de estimarse el recurso, sin que se haya suspendido previamente la eficacia del acuerdo, los perjuicios causados a la recurrente y a terceras personas (la propia alcaldesa, los grupos políticos y el resto de ediles) ya no tendría fácil reparación o podrían verse afectados de forma irremediable", recoge el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

El PSOE ha calificado de "atentado contra la democracia" la actuación del PP y la decisión municipal

A esto se une, añade el Ayuntamiento, que aún se encuentra pendiente de ser resuelto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de julio de 2022, lo que "puede hacer que pierda todo sentido" la convocatoria emitida por la alcaldesa, Gema Igual, para la constitución del órgano, "en el caso hipotético de que aquel resultase finalmente anulado y no se crease, por tanto, dicha comisión de investigación".

Por todo ello, la Asesoría Jurídica Municipal estima que debe ser admitido a trámite el recurso contra la convocatoria de la comisión y ser la regidora en quien recaiga "la resolución del mismo y la adopción de la medida de suspensión cautelar", dado que es la titular del órgano (presidenta de la Comisión) que ha dictado el acuerdo que se impugna. Igualmente, entiende "oportuno" que dicha resolución final se emita una vez que se conozca el pronunciamiento del Pleno acerca del recurso de reposición interpuesto por el concejal César Díaz, como portavoz del grupo municipal 'popular', contra el acuerdo de creación de la comisión.

CONFORMIDAD

Por otro lado, la Secretaría General del Pleno ha emitido una nota de conformidad con respecto al contenido del informe jurídico sobre la suspensión cautelar de la convocatoria de la comisión de investigación del contrato de limpieza.

De esta manera, y basándose en estos criterios, la alcaldesa, como presidenta de la comisión de investigación, ha adoptado la resolución de admitir a trámite el recurso de reposición presentado por Margarita Rojo, suspender temporalmente la convocatoria de la comisión en tanto en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto del fondo del asunto y notificar dicho acuerdo a los miembros de la Comisión. Igualmente, está previsto dar traslado de todo ello a la Junta de Portavoces.

PSOE

Tras conocerse lo ocurrido, el PSOE ha calificado de "atentado contra la democracia" la actuación del PP y la decisión municipal. "Sabíamos que el PP estaba dispuesto a todo para evitar la Comisión de Investigación, porque tienen pánico a que se conozca toda la verdad de lo que ha pasado con el contrato de las basuras para que la ciudad esté más sucia que nunca", ha afirmado el portavoz socialista, Daniel Fernández.

"Lo que no podíamos esperar que pudiera llegar a cometer actos ilegales a sabiendas. Y la alcaldesa lo ha hecho", ha remarcado, afirmando que Igual "ha cometido un grave error y esperamos que lo pague en dos frentes", en referencia a los tribunales, "porque lo que ha hecho es ilegal", y en las urnas, porque "se está vulnerando la voluntad de la mayoría de los santanderinos".

Fernández ha insistido en que la suspensión de la Comisión de Investigación es ilegal, algo que plantearán en la Junta de Portavoces que tendrá lugar este martes. "Es un montaje ilegal, es un atropello contra el Pleno y contra la mayoría de lo santanderinos. Y es un escándalo político sin precedentes, el mayor escándalo político de la democracia en Santander", ha concluido.

Díaz ha recalcado que su partido continuará denunciando y tratando de evitar que se lleven a cabo la "cascada de ilegalidades"

UNIDAS POR SANTANDER

 

Para el concejal de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, la actitud del PP ante la comisión de investigación del contrato de limpieza viaria es "una estafa a los santanderinos" propia de una "organización mafiosa", porque, a su juicio, les niegan a los ciudadanos cualquier explicación sobre "el desastre" de los servicios públicos en Santander.

Saro cree que la paralización por parte del grupo popular de la Comisión de Investigación que analice el anterior contrato de recogida de basuras y limpieza viaria refleja "la esencia misma del PP de Santander", al que ha calificado de una "mentira absoluta llena de bailes en agosto y photocalls, mientras dejan los servicios públicos en la mierda más absoluta".

En este sentido, Saro ha señalado en un comunicado que el PP ha presentado "un recurso que acepta el propio PP para negarse a investigar los contratos del PP", lo que considera "una burla, un chiste". "Es una prueba más de la connivencia del partido del Gobierno en la degradación de los servicios públicos y el robo de las arcas santanderinas", ha opinado el concejal de UxS.

Además, ha añadido que el PP "demuestra con esta jugada ser una organización montada exclusivamente para robar a los santanderinos y asegurar que ese robo y ese latrocinio no sea jamás investigado".

PP

El portavoz del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Santander, César Díaz, ha recalcado que su partido continuará denunciando y tratando de evitar que se lleven a cabo la "cascada de ilegalidades" que a su juicio están promoviendo los demás partidos con representación en el Consistorio. "La celebración de la comisión de investigación sobre el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria supondría seguir ahondando en la caída libre hacia la toma de acuerdos ilegales que iniciaron el resto de grupos municipales con la aprobación, en contra del informe de la Secretaría municipal, de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno en diciembre de 2021", señala el edil en un comunicado, difundido después de conocerse, este lunes, que la convocatoria de la comisión -que iba a arrancar el martes con su constitutución- queda temporalmente suspendida.

Saro ha señalado en un comunicado que el PP ha presentado "un recurso que acepta el propio PP para negarse a investigar los contratos del PP"

"El derecho, el interés general y el del propio Ayuntamiento de Santander poco o nada les importa a los concejales socialistas, regionalistas, de Ciudadanos, de Unidas por Santander y de Vox si no se encuentran al servicio de sus intereses", ha opinado Díaz.

También ha manifestado que el PP "jamás ha tomado ni tomará ningún acuerdo en contra de los informes de los técnicos municipales, como están haciendo el resto" y, "muy al contrario, velará por que en el Ayuntamiento de Santander se cumpla estrictamente con la legalidad". Estos son, según ha destacado, los motivos por los cuales la convocatoria de esta comisión ha sido recurrida por la edil 'popular' responsable de Medio Ambiente, en su condición de miembro de la misma, al considerar que "se está convocando a un acto ilícito en su desarrollo", ha explicado.

Los vicios de ilegalidad que se aprecian son, entre otros y según señala el PP en su comunicado, que, al establecer un horario concreto, de 11:00 a 12:00 horas, se infringen el artículo 87 Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y el artículo 38 del Reglamento Orgánico de Pleno de Santander, que determinan que se habrá de respetar el principio de unidad de acto, lo que implica que la sesión terminará cuando finalice el debate de los puntos del orden del día.

Por lo tanto, "es ilegal suspender de antemano el debate de un asunto a las 12 horas y continuar la sesión al día siguiente a las 11 horas y así indefinidamente hasta que se llegue a un acuerdo". Asimismo, añade que se plantea que no le compete al Pleno la "fijación exacta" de los días en los que se celebra, "la hora en la que comienza y la hora a la que se levanta la sesión", sino que "es una competencia de la presidencia de la Comisión, que ostenta la alcaldesa de manera nata".

ADMINISTRACIÓN BICÉFALA

"La administración municipal es bicéfala, no existiendo la pretendida relación de jerarquía del Pleno respecto de la Alcaldía. De ahí que la jurisprudencia haya reconocido incluso ante peticiones de pleno extraordinario, la potestad de la Alcaldía de no incluir en el orden del día asuntos ajenos a la competencia del pleno, competencia de la propia Alcaldía, en los que se pretendía la adopción de acuerdos por un órgano que no es competente para ello", recoge el recurso.

Otra de las cuestiones en las que se basa es que entre la convocatoria de una sesión y su celebración debe "mediar un plazo de dos días hábiles", para que los concejales puedan examinar la documentación y preparar sus intervenciones, por lo que "no cabe celebrar una sucesión de sesiones de comisión con un horario de trabajo determinado de una hora, por jornadas indefinidas, con un orden del día común abstracto".

Por otra parte, el acuerdo de convocatoria de comisión de investigación sobre el contrato de limpieza "rompe con la representatividad de la Comisión, que es reflejo de la composición del Pleno". "No se puede establecer, tal como se hace en el acuerdo aprobado por PSOE, PRC, Ciudadanos, Unidas por Santander y Vox, que tanto el plan de trabajo como la prórroga en la convocatoria de sesiones pueden aprobarse por la mayoría de los miembros de la Comisión cuando esa mayoría rompería la representatividad proporcional del Pleno", ha subrayado el portavoz 'popular'.

Así, ha señalado que el PP tiene 11 concejales en el Pleno y solo 2 en la Comisión, por lo que para preservar esa representatividad debería existir un voto ponderado (11/2) en el caso del Grupo Popular y, en este caso, lo que se establece es que el acuerdo se adopte por mayoría de los miembros (2 de 10, en el caso del PP), lo que "rompe con la proporcionalidad".

Díaz ha incidido en que cada asistencia a comisiones de Pleno le cuesta al Ayuntamiento 225,81 euros por cada concejal sin dedicación exclusiva o parcial. "Cada miembro de esa comisión sin dedicación exclusiva o parcial cobraría 1.129,05 euros cada semana por una hora diaria de trabajo, cómodamente dispuesta, entre las 11 y las 12 horas, y eso para definir un plan de trabajo que ya tendrían que tener previsto quienes han propuesto que se conforme la comisión, lo que puede inducir a los ciudadanos a pensar que se les está tomando el pelo, dilapidando el dinero público en beneficio propio de los concejales", ha recalcado para finalizar.

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