La PAH, en un comunicado remitido este jueves, "se alegra" de que el Pleno haya acordado la redacción de un Plan de Vivienda para Santander, pero exige que "se haga con la participación real de la sociedad civil de la ciudad". Para ello, se ha ofrecido como parte interesada en la redacción de la Norma de forma leal y real, pero advierte de que "no formará parte de un paripé que engañe a la ciudadanía y que solo aparente participación".
La PAH exige que la definición de lo que es una “vivienda social” debe ser acorde con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como cuota máxima de alquiler social: 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si superan el SMI y 10% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si no superan el SMI.
También considera que "toda vivienda construida por el Ayuntamiento debería ir dedicada a alquiler social, no a alquiler con opción a compra", y ser otorgada por orden de urgente necesidad según informe de los Servicios Sociales, priorizando las familias que corren riesgo inminente de desahucio.
"La PAH va a seguir luchando por la suspensión de los desahucios de familias que no tienen alternativa habitacional; ocupan pisos de bancos y/o grandes tenedores que especulan con la vivienda (nunca de propietarios particulares) y corren riesgo de tener que vivir en la calle. El derecho a la vivienda digna viene recogido en la Constitución", recuerda la Plataforma.
