La Policía Nacional de Cantabria ha desmantelado dos plantaciones interiores de marihuana en Santander en una operación que se ha saldado con cinco detenidos y 1.520 plantas intervenidas, lo que supone la mayor incautación de la historia de la región.
Los detenidos en esta denominada “Operación Burguer” son cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y los 52 años y todos con antecedentes, que han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública y uno de defraudación de fluido eléctrico, así como uno de ellos por un delito de receptación. Se calcula que podrían haber vendido la marihuana encontrada por 400.000 euros. Además, en los registros se han intervenido también un revolver con tres cartuchos, una escopeta, diez navajas de diferentes tamaños, un pincho oculto en una virola y cuatro cuchillos, así como numeroso instrumental relacionado con el cultivo y valorado en más de 50.000 euros: ventiladores, extractores, calefactores, lámparas led, humidificadores, controladores del pH, etcétera. Asimismo, se han encontrado varias joyas y una motocicleta que había sido robada en Burgos.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la jefa de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, María Paz López, han dado a conocer este martes en rueda de prensa la operación, destacando que se trataba de plantaciones "sofisticadas", con aparatos de gran valor y una variedad de planta más pequeña de lo habitual pero "con mayor volumen de cogollos", es decir, con más producción. Por ello, se cree que los detenidos se dedicaban a la venta "a gran escala". En concreto, se incautaron 1.520 plantas, 369 esquejes y varios cogollos, cuyo pesaje en bruto supera los 115 kilos. Esta cifra supone que en esa operación la cantidad intervenida sea mayor que en las cuatro incautaciones de plantaciones interiores llevadas a cabo en 2021, según ha destacado la jefa de la Brigada Provincial.
La Policía calcula que esta cantidad tendría un valor en el mercado español de unos 150.000 euros si se calcula por kilos, mientras que calculado en “menudeo” serían 400.000. Además, señala que en muchas ocasiones este tipo de instalaciones se dedican a la venta fuera de España, ya que en algunos lugares de Europa su valor se multiplicaría por cinco. También se deduce que la actividad es "sostenida en el tiempo", dados los materiales hallados los inmuebles, las estancias bien distribuidas para las fases de cultivo, secado y almacenamiento y los restos de cosechas anteriores.
INVESTIGACIÓN
La investigación comenzó el pasado mes de abril al recibir información por diferentes vías, especialmente de la colaboración ciudadana, que apuntaba a la existencia de dos inmuebles, una vivienda y una nave, situados cerca de la Avenida de Los Castros, que podían albergar plantaciones. La vivienda, que era el centro de la actividad ilícita, estaba habitada por un hombre y una mujer conocidos en el ámbito policial por sus "numerosos antecedentes" y contaba con cámaras de seguridad. Tras investigar, el Grupo de Estupefacientes confirmó que existía una plantación con conexión ilegal a la red eléctrica. Aún está pendiente por cuantificar la cantidad de fluido eléctrico defraudado. Los responsables del cultivo eran la pareja residente en la vivienda, ambos de 36 años, pero había otros tres hombres implicados en la actividad, dos de ellos encargados del cuidado y mantenimiento de la plantación y el tercero un trabajador de una subcontrata de una empresa distribuidora de electricidad que habría colaborado en la instalación.
