El proceso de licitación del servicio programado de ambulancias iniciado por el Gobierno de Cantabria ha quedado temporalmente suspendido como consecuencia del recurso presentado por la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario (AETRANS-Sanit). El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha aceptado la medida cautelar solicitada por la asociación, de modo que el procedimiento se paraliza hasta que este órgano se pronuncie sobre el recurso, en el que las empresas piden que se anule la licitación y los pliegos.
Tras recibir la notificación del Tribunal, la Consejería de Salud emitió ayer una resolución en la que anunciaba la suspensión del procedimiento de contratación, que no afecta al plazo de presentación de ofertas. La decisión del Tribunal es, para el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, un “nuevo revés de la justicia a las chapuzas de la Consejería de César Pascual”.
Así lo ha señalado el también portavoz parlamentario socialista en un comunicado tras conocerse la postura del Tribunal Administrativo Central, que a juicio de Zuloaga “obliga a paralizar el concurso programado de ambulancias". En este sentido, ha criticado "la pésima gestión del Gobierno de Buruaga".
El líder de los socialistas cántabros ha manifestado que "la prórroga del concurso programado de ambulancias finaliza en febrero, y en vez de recurrir a la licitación ordinaria una vez quedó desierto, la Consejería de Pascual ha decidido tomar un atajo y hacer un negociado con tres empresas con el riesgo que implican estos mecanismos que se utilizan en situaciones excepcionales".
Y es que, según el Tribunal, de los motivos argumentados por la empresa para interponer el recurso se desprende que existen “perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación”, y que “son de difícil o imposible reparación”, motivo que obliga a la suspensión hasta que se resuelva el recurso.
Para Zuloaga, la fórmula del PP “genera consecuencias”, como “tensión, subida de precios para la Administración Pública” y un “riesgo para saber quién asume el transporte programado a partir de febrero o incluso la posibilidad de que se deje de prestar el servicio”.
Por eso, ha lamentado la situación que ha generado el PP al “no hacer una licitación transparente o haber asumido la internalización que planteaba el PSOE como mejora del servicio”.
A este respecto, Zuloaga ha avanzado que el PSOE va a registrar “iniciativas parlamentarias para que el Gobierno dé una explicación”, ya que “no vamos a permitir que el Ejecutivo de Buruaga permanezca impasible ante una situación que también afecta los usuarios y trabajadores”. "Los socialistas nos preguntamos hasta cuándo vamos a tener que esperar para que esta situación cambie", ha reiterado.
El líder socialista ha exigido “una solución” al Gobierno de Cantabria y ha destacado "nuestra defensa de internalizar el servicio de ambulancias, para mejorar el servicio, así como la atención a los pacientes". Finalmente, Pablo Zuloaga, ha mostrado su "apoyo" a la plantilla del servicio de transporte programado, "que está compensando con su esfuerzo y vocación la parálisis de Buruaga y su gobierno en la prestación del servicio de ambulancias".
La Consejería inició en diciembre el proceso de contratación del servicio de transporte sanitario no urgente en el Servicio Cántabro de Salud, apostando por hacerlo a través de un procedimiento negociado con publicidad invitando a tres empresas de sector.
Y es que esta era la segunda vez que se sacaba a licitación, ya que la primera quedó desierta, y Salud optó por esta fórmula para ahorrar tiempo y trámites y poder adjudicar el servicio a tiempo antes de que termine la prórroga del contrato, lo que ocurrirá el 9 de febrero, por lo que ese objetivo ahora se dificulta tras la resolución del TACRC.
Además, el consejero de Salud, César Pascual (PP), tomó esta decisión tras alcanzar un acuerdo con la empresa Ambuibérica y con los trabajadores para que continuaran prestando el servicio ante la amenaza de huelga por la diferencia de condiciones que había entre el transporte programado y el urgente, derivada de que uno de los servicios se había renovado el contrato y en el otro no.
