No han sido pocos los casos en los que un Ayuntamiento ha afrontado una sanción o una denuncia por el vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento. En algunos casos, por no estar autorizado; en otros, por superar los valores límites o algún problema en las depuradoras. El Consistorio de Cabuérniga ha sido sancionado por este último motivo dos años seguidos en dos resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que son prácticamente iguales.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el último de estos expedientes sancionadores, con fecha de 8 de junio de este mismo año, el pasado 22 de febrero la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico “acordó la iniciación de expediente sancionador” contra el Ayuntamiento de Cabuérniga tras la denuncia de un particular en julio del 2021.
Dicha denuncia, y motivo por el cual ahora se sanciona al Consistorio que dirige la ‘popular’ María Rosa Fernández Iglesias, se debía a “superar los valores límites de emisión autorizados” en base a las resoluciones de 2011 y 2014 por el “vertido de aguas residuales procedentes de la red de saneamiento de Carmona”.
Como detalla el Ministerio, este hecho está tipificado como infracción leve en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El documento apunta además “daños ocasionados al dominio público hidráulico” por este motivo.
Dado que el Ayuntamiento “no presentó escrito de alegaciones durante todo el proceso”, la resolución considera “probada la comisión de la infracción” y hace “responsable al Ayuntamiento de Cabuérniga”. Por ello, le impone una sanción de 1.000 euros y fija en 145,5 euros los daños producidos al dominio público.
Pero no es la primera vez que este Consistorio se enfrenta a esta situación. El pasado 11 de febrero de 2021 ya fue denunciado ante este mismo organismo, que emitió una resolución prácticamente idéntica, aunque con matices importantes.
El primero de ellos es que, en la resolución de 2021, la denuncia no viene realizada solo por un particular, sino que también la formula la Dirección General de Obras Públicas y Puertos del Gobierno de Cantabria y la Oficina de Información Ambiental del propio Ministerio que ha impuesto estas sanciones.
El segundo es que en esta resolución no se incluye una indemnización por los daños producidos al dominio público hidráulico, algo que sí ocurre un año después con la segunda sanción consecutiva por el mismo motivo de verter aguas residuales.
Tanto en la resolución de 2021 como en esta última de 2022, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico indica al Ayuntamiento gobernado por el PP que “deberá ajustarse fielmente al condicionado” de las resoluciones de este organismo de 2011 y 2014, y advierte de que “en caso de incumplimiento se estimaría reiteración como circunstancia agravante de la responsabilidad”.
