domingo 23/1/22

Tanto Cs como el partido ultraderechista Vox ha puesto el foco este jueves en los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) con sendas preguntas en el Parlamento de Cantabria. Y aunque la formación de Albert Rivera se ha limitado a preguntar por el número de ellos en los centros autonómicos, el partido de Santiago Abascal ha ido más lejos para cuestionar al Gobierno formado por PRC/PSOE sobre una presunta peligrosidad que estos menores podrían estar provocando.

En este sentido, Vox interpela al Ejecutivo por las medidas que se están tomando para "reducir los incidentes y conflictos en los centros de atención a menores extranjeros". Pero su planteamiento dista mucho de la realidad. Según los datos del Ejecutivo cántabro, no solo no existe un incremento de incidentes y conflictos en estos centros, sino que no existe un clima de conflictividad en los mismos. Dicho de otro modo, la situación es normal.

En esta respuesta al escrito registrado en el Parlamento de Cantabria, y del que se ha hecho eco Europa Press, el Gobierno señala además que no solo no existe conflictividad entre los jóvenes, sino que en lo que llevamos de 2019 no ha habido “ni un solo trabajador” que haya causado baja por incapacidad temporal por accidente “fruto de agresión o interacciones conflictivas con usuarios”, según los informes de accidentalidad proporcionados por la mutua de accidentes. Por tanto, los presuntos hechos delictivos por los que pregunta Vox no tienen justificación tampoco en los datos de este año, y son, según la respuesta del Gobierno, inexistentes en este año.

Desde el Ministerio Fiscal se detalla que se ha pasado de tener tres centros en 2017 a los seis que había en diciembre de 2018, sumando uno más en enero de 2019

Cabe recordar que la Memoria de la Fiscalía de 2018 sí contemplaba un aumento de MENAs en ese año que estuvo acompañado de “incidentes y conflictos tanto dentro de los centros con enfrentamientos y agresiones a los educadores”, como “frecuentes hechos delictivos entre los meses de agosto y noviembre”. Pero la propia Memoria señala que estos incidentes no se produjeron en años anteriores, y por el momento tampoco se han registrado en 2019.

Según explica la Fiscalía, estos incidentes consistieron principalmente, en peleas en zonas de ocio con resultados lesivos en ocasiones graves, robos con violencia cometidos en grupo por estos menores tanto en Santander como en poblaciones próximas a la capital, robos con fuerza en casa habitada o daños, entre otros.

No es la primera vez que la formación de ultraderecha pone a los MENAs en el epicentro del debate político. El pasado mes de agosto ya llevó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander para analizar el “problema de seguridad” que, a su juicio, supone la presencia de un “número creciente” de estos menores en los centros. El partido se quedó completamente solo, siendo rechazada por el resto de partidos, que le acusaron de intentar generar una “alarma social” actualmente “inexistente”.

CENTROS COMPLETOS

Por su parte, el Grupo Parlamentario Cs registraba una pregunta acerca del número de estos menores extranjeros no acompañados. Según los datos facilitados por el Gobierno, asciende a 129, estando completos los centros de acogida. Los datos son a fecha del 27 de septiembre de este año. El Gobierno de Cantabria ha informado igualmente que los centros que acogen a MENAs en la comunidad autónoma suman un total de 118 plazas y todas ellas están ocupadas.

Sin embargo, el Ejecutivo añade que "la estructura de los centros permite acoger a un número mayor de menores, en función de los ingresos que se ordenen por la Fiscalía de Menores, al disponer de un número de plazas mayor". La Fiscalía advierte que, en ese ejercicio, se registró una "creciente llegada" de MENAs a Cantabria con respecto de años anteriores (de 2015 a 2017), en los que la tendencia "había sido claramente descendente".

La Fiscalía señala como posibles causas del "notable incremento" de este tipo de menores en la comunidad la "saturación" que se ha dado de los centros y recursos de provincias limítrofes como Vizcaya y Guipúzcoa que ha generado sobre todo en los meses de verano la llegada de marroquíes que procedían de centros del País Vasco, unido a un "efecto llamada" derivado, según señala, de la "mayor celeridad" que en Cantabria existe para regularizar la situación de los Menas una vez alcanzan la mayoría de edad. También se añade, según la Fiscalía, la cobertura de centros que hay en Cantabria y que, según reconoce, permitió en 2018, "con un gran esfuerzo personal y económico", dar una "correcta atención a este colectivo". Así, desde el Ministerio Fiscal se detalla que se ha pasado de tener en Cantabria tres centros en 2017 a los seis que había en diciembre de 2018, sumando uno más en enero de 2019.

La Fiscalía, en su Memoria de 2018, señala que hasta que se crearon estos nuevos centros de acogida, la llegada durante los meses de verano de una cantidad de menores "no asumible" con los recursos entonces disponibles hizo que, por parte de responsables de los centros de Menas e incluso por la subdirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se consultara a la Fiscalía de Menores, a mediados de agosto de ese año, sobre la posibilidad de ubicar a un grupo de ellos "temporalmente" en el centro de reforma de Parayas. A este planteamiento se dio respuesta negativa y se indicó que únicamente se podría autorizar dicho ingreso en Parayas "en supuestos muy excepcionales, fundamentados en circunstancias individuales del menor en cuestión, de forma temporal y siempre dando cuenta a la Fiscalía de menores exponiendo las causas individualizadas del caso".

En la Memoria de la Fiscalía se explica que, pese a lo expuesto, en septiembre de 2018, desde el ICASS se informó del traslado al centro Parayas de diez MENAs "ante la sobreocupación" de plazas de centros de primera acogida de este colectivo. Tras ello, el fiscal de Menores requirió la "inmediata reubicación" de los menores afectados en centros de protección, algo que el ICASS hizo días después, llevándolos al centro de Reocín.

Aunque la Fiscalía señala en su Memoria de 2018 que no se han repetido situaciones como la expuesta y que la dotación actual de centros y de personal "cubre las necesidades de Menas en este momento", ha advertido que "si la tendencia de llegada de Menas sigue siendo ascendente, deberán adoptarse medidas a nivel estatal para afrontar esta situación".

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