viernes 21/1/22
CORRUPCIÓN

UPyD presenta sus compromisos para regenerar la política regional

El documento contempla emprender acciones legales contra los miembros o ex miembros de los partidos cuando existan indicios claros de actividad delictiva.

El candidato al Congreso de UPyD por Cantabria, Román San Emeterio-Pedraja
El candidato al Congreso de UPyD por Cantabria, Román San Emeterio-Pedraja

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha remitido este lunes a los partidos políticos de Cantabria su 'Compromiso 10+1 contra la corrupción y por la regeneración', con el que se presentaron a las elecciones autonómicas el pasado mes de mayo.

Dicho documento, firmado por el cabeza de lista de UPyD al Congreso por Cantabria, Román San Emeterio, tiene como objetivo contribuir a que todos los partidos y, especialmente, las personas que representan a los cántabros en las instituciones, tengan un comportamiento "responsable y ejemplar, teniendo presente que se deben al conjunto de la sociedad".

De igual modo, ha añadido, pretende que, además de cumplir este compromiso, "nuestros representantes tengan un elevado nivel de exigencia dentro de sus respectivos partidos; solo así podremos regenerar la democracia entre todos".

San Emeterio ha señalado que con este documento pide a los demás partidos que "se comprometan concretamente con el combate contra la corrupción y superen las palabras grandilocuentes y bienintencionadas que pronuncian y que casi nunca se traducen en hechos".

El documento incluye, entre otras medidas, la de exigir la dimisión inmediata de cualquier diputado, senador o cargo público y no incluir en sus listas electorales a candidatos acusados de corrupción; y revisar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos para evitar fenómenos del tipo "puerta giratoria" y obligar a sus cargos públicos a abstenerse en cualquier decisión que conlleve un conflicto de interés.

También contempla emprender acciones legales contra los miembros o ex miembros de su propio partido cuando existan indicios claros de actividad delictiva, comprometiéndose a no pagar la defensa jurídica de sus cargos acusados de corrupción; y el compromiso de publicación de las nóminas de todos los cargos públicos dando cuenta de todos los gastos de representación en los que se incurra con cargo a fondos públicos.

Otras medidas son las de no pagar sobresueldos a sus cargos públicos ni orgánicos; publicar de forma detallada todas sus cuentas y cumplir al cien por cien con los requisitos establecidos por Transparencia Internacional, obligando a la publicación de las ayudas; o no participar en el reparto por cuotas de órganos clave de la justicia, ni de los órganos supervisores y de control u otros entes cuyas competencias requieran autonomía y profesionalidad, entre otras.

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