lunes 25/10/21
POLÍTICA

La transparencia es una asignatura pendiente en Cantabria

A sólo 20 días de que termine el plazo para cumplir las obligaciones, la región aún no ha determinado qué órgano velará por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia.

Patio interior del Parlamento de Cantabria
Patio interior del Parlamento de Cantabria

A 20 días de que las comunidades autónomas tengan que cumplir las obligaciones de transparencia que rigen para la administración central desde hace un año, la mayoría de las autonomías, entre ellas Cantabria, no tiene creado los órganos que han de velar por la correcta aplicación de todos los preceptos de la Ley de Transparencia y que deberán gestionar las reclamaciones de los ciudadanos en esta materia.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales 2013, pero aquel año, concretamente el 10 de diciembre, sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.

Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos: mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma dentro de 20 días.

A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia para ofrecer la información a la que están obligados(contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones, etc...). La última en hacerlo, esta misma semana, ha sido la Comunidad de Madrid.

Todos estos portales ofrecen el mismo tipo de información con más o menos facilidades para encontrarla. El de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha puesto muy a la vista, el listado de regalos que reciben sus altos cargos y también va a informar de lo que cuestan los viajes que realizan.

Pero además de ofrecer la denominada 'publicidad activa' a través de estos portales, la ley establece que debe haber un órgano que resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presentan cuando entienden que una administración no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación sobre transparencia.

A nivel estatal este órgano es el Consejo de la Transparencia, que debe tener sus equivalentes autonómicos. Y en el caso de que una comunidad renuncie a crear ese órgano nuevo, la tarea de gestionar las reclamaciones puede delegarse en otra institución autonómica o bien dejarse recaer en el consejo estatal previa firma del convenio correspondiente.

La transparencia, por comunidades

De momento, únicamente tres de las 17 comunidades han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal: Murcia, Cataluña y Canarias.

Otras cuatro han decidido delegar esta labor en organismos ya existentes. En concreto, la Comunidad de Madrid ha pasado la tarea al Consejo Consultivo, que está en pleno desmantelamiento, mientras que Galicia y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, al igual que Castilla y León que, no obstante, creará también un Comisionado de Transparencia.

Por su parte, Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana aseguran haber decidido qué organismo se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, pero aún no lo han activado.

Y las siete comunidades restantes ni siquiera han definido qué organismo se ocupará de garantizar la transparencia y no han aprobado ningún procedimiento al respecto. Se trata de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, comunidad esta última que no tiene aprobada ni una sola norma sobre transparencia.

Para evaluar el cumplimiento de la ley, el Consejo de Transparencia va a crear un grupo de trabajo para acordar un sistema de medición único, basado criterios homogéneos, que sirva para analizar cómo se comportan las tres administraciones en todos los territorios.

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