jueves. 28.03.2024

Los planes urbanísticos de Íñigo de la Serna en Santander contemplados en el PGOU establecían cerca de 90 actuaciones de nuevas viviendas en edificios modernos. Muchas de ellas contemplaban, además, el derribo de edificios ya construidos en los habitaban vecinos de la capital cántabra, lo que ha llevado a la proliferación de plataformas y asociaciones vecinales para aunar esfuerzos y luchar contra lo que consideran que atenta contra sus derechos más básicos.

El nuevo ministro de Fomento, en lugar de llegar a una solución satisfactoria para los vecinos, tildó esta creación de nuevas plataformas de “plataformitis”, defendiendo lo que en muchas ocasiones ha considerado una manipulación de la situación real. Pero lo cierto es que tanto los vecinos de Prado San Roque como El Pilón han luchado durante los últimos meses por su dignidad y por recibir alguna respuesta del alcalde y su equipo de Gobierno municipal que no fuera una mentira. “Ya no podemos confiar ya en absoluto en su palabra”, llegaron a reprochar a De la Serna en una carta abierta los vecinos de El Pilón.

Su particular calvario ha estado espoleado, además, por la urgencia del proyecto urbanístico en esta zona de Santander, donde la empresa Costa Verde Hábitat, propietaria de la mayor parte del terreno, pretende construir dos bloques de viviendas de ocho alturas. Los vecinos reclaman como medida más inmediata una compensación real de las viviendas que van a perder y el realojo en espacios similares.

En una carta abierta a De la Serna, los vecinos de El Pilón denunciaban la “total y absoluta falta de interés” del nuevo ministro de Fomento para buscar una salida a un problema que él mismo había creado

Sin embargo, De la Serna se ha lavado siempre las manos en este asunto. Su postura, después de provocar el problema, como han denunciado muchos vecinos, ha sido la de trasladar al Gobierno regional la responsabilidad de encontrar una solución a este problema. Solución que ha llegado con la modificación de la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento regional, donde los propios vecinos comparecieron para explicar su situación.

Pero el proceso hasta llegar a esto ha estado plagado de problemas y malas formas por parte del equipo de Gobierno de De la Serna. Así, al menos, lo han denunciado los vecinos de El Pilón. Sin ir más lejos, en octubre de 2015 denunciaban que se sentían engañados por el concejal de Urbanismo y Vivienda, César Díaz, quien “ha mentido a la cara”.

A finales de ese mismo mes, y en una carta abierta a De la Serna, denunciaban la “total y absoluta falta de interés” del nuevo ministro de Fomento para buscar una salida a un problema que él mismo había creado, y recalcaban que nadie en el Ayuntamiento les había convocado para estudiar posibles soluciones.

Si bien es cierto que dicha reunión se produjo semanas después, la solución final no ha llegado de la mano de De la Serna.

El caso de los vecinos de El Pilón no es el único. Los ciudadanos de Prado San Roque también luchan por lograr una dignidad que el todavía alcalde parece negarles. Su proceso urbanístico es similar: donde ahora se encuentran sus casas se quieren construir nuevos bloques de viviendas. Con la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria podrán conseguir algunos de los objetivos por los que luchaban, pero según varios vecinos ese no es el objetivo final, y la lucha por lo que consideran justo continúa.

Estos casos son los últimos y, posiblemente, los que estén más presentes en la actualidad de la ciudad, pero no son los únicos. Casos como el del Cabildo o el de Tetuán siguen muy presentes en la memoria colectiva de los santanderinos. El primero de estos sucesos dejó tres muertos después de que se produjera el derrumbe de un edificio en 2007. Los constantes avisos y denuncias de los vecinos no parecieron surtir efecto hasta que fue demasiado tarde.

En el caso del incendio de Tetuán, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander condenaba al Ayuntamiento dirigido por De la Serna a pagar más de 2,5 millones de euros a los 28 afectados del incidente que les dejó sin vivienda en 2008. Casi diez años de litigios en los que el Consistorio siempre ha negado su responsabilidad y la "deficiente" actuación de los bomberos.

La “total falta de interés” de De la Serna en solucionar problemas creados por su PGOU
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