domingo. 26.06.2022

Paulu Lobete, Secretario General de Cantabristas, considera que la posición equidistante que está manteniendo el Gobierno de Cantabria en el conflicto social generado alrededor de la negociación del nuevo convenio laboral del metal “no está a la altura de lo que merece la población cántabra y, en especial, los trabajadores del sector, que están siendo un referente de dignidad y lucha por el bien común”. Para Cantabristas, las instituciones “no pueden cumplir un simple rol de mediador, sino que en casos donde se está produciendo un abuso, como es este, deben defender lo que es justo, los intereses de la mayoría de la población cántabra, es decir, a los trabajadores del metal”.

Tras doce días de huelga, las negociaciones entre los sindicatos y la patronal siguen sin llegar a buen puerto. Para Lobete, el Gobierno de Cantabria debería abandonar su imparcialidad y posicionarse del lado del interés general. “Las instituciones que nos representan a todas las personas que vivimos en esta tierra deben tener como prioridad defender los puestos de trabajo que sostienen a millares de familias en Cantabria y unas condiciones de trabajo dignas, frente al interés privado de una patrona que se está mostrando totalmente insensible ante la problemática social en el sector del metal”, ha afirmado el portavoz de Cantabristas.

Además, Lobete ha atacado con firmeza las declaraciones incendiarias del presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que “no ha hecho más que echar más leña al fuego y dar oxígeno a la patronal, envalentonándola y dificultando aún más unas negociaciones tremendamente complicadas, por sus implicaciones futuras para todo el marco laboral cántabro”. De hecho, tras esas desafortunadas declaraciones de Revilla, la patronal parece haberse reafirmado en sus posiciones y “en su voluntad de no querer garantizar unas condiciones laborales dignas en el sector del metal”. En este conflicto, Cantabristas lo tiene muy claro: “la economía de Cantabria depende de los trabajadores del metal y sus familias, no de los beneficios privados de los empresarios directivos de Pymetal, que pocas veces revierten en nuestra tierra y que, si en un futuro deciden deslocalizar sus fábricas o cerrarlas, poco les va a importar que Revilla les haya echado un cable deslegitimando la huelga. Por eso, el Gobierno de Cantabria debería abandonar su equidistancia y defender el interés general”.

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