Podemos Cantabria ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno de Cantabria alcance un acuerdo con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos para prestar asistencia inmediata a los afectados de la supuesta estafa de la clínica iDental con daños bucodentales o con tratamientos paralizados que puedan causar daños o empeorar la salud de los pacientes.
La formación morada ha indicado en un comunicado que más de 320 personas en la región han denunciado haber sido estafadas por la franquicia y, para su atención, también pide en la PNL que se establezca una oficina para que sean atendidos por abogados, trabajadores sociales y psicólogos.
Podemos considera necesaria esa oficina en la que se asesore a las personas perjudicadas sobre sus derechos y vías legales de reclamación en atención a cada caso y la documentación que obre en su poder, así como para negociar con las entidades bancarias con las que las personas afectadas tenían créditos al consumo que no tienen la calificación de créditos vinculados, para que suspendan el cobro de los recibos.
Podemos Cantabria pide que se inste al Gobierno del Estado para que se implante una regulación más estricta de la publicidad y promoción comercial
Igualmente, Podemos reclama al Ejecutivo que solicite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jueces de refuerzo para el Juzgado de Instrucción que ha venido tramitando las diferentes denuncias de los afectados, ya que "la documentación de iDental -entre las que se encuentran historias clínicas de los pacientes- está custodiada en la Consejería de Sanidad, sin que hasta la fecha haya dado respuesta a qué hacer con esa documentación y cómo deben proceder con el fin de entregar copias de las mismas a los pacientes". En su defecto, para que pongan un Juzgado especializado de refuerzo con el fin de atender a este caso.
Ante esta situación, Podemos Cantabria pide que se inste al Gobierno del Estado para que se implante una regulación más estricta de la publicidad y promoción comercial de productos, actividades y servicios sanitarios, que deberán tener en todo caso el visto bueno de los colegios profesionales.
Además, se insta a poner en marcha la extensión de las prestaciones del sistema sanitario, para incluir la salud bucodental pública, universal y gratuita, así como medidas para proteger a las personas que financien la prestación de servicios a través de créditos no calificados como vinculados.
Por último, se pide la creación de un Registro de Seguros de Responsabilidad Civil, donde cualquier persona que acredite un interés legítimo, pueda solicitar si una determinada empresa o profesional, tiene seguro de responsabilidad civil, y de tenerlo, con qué compañía y cuál es el número de póliza.
La diputada de Podemos Cantabria, Verónica Ordóñez, ha considerado que la ausencia de normativas regulatorias adecuadas, tanto a nivel estatal como autonómico, como la "falta de controles serios", ha facilitado la proliferación de este tipo de franquicias dentales, así como el crecimiento de hasta un 30% de las denuncias por malas praxis.
En el caso de Cantabria, Ordóñez ha indicado que alrededor de 320 personas han denunciado haber sido defraudadas y haber visto dañada su salud por iDental, una empresa que se definía como una asistencia dental social y decía buscar "democratizar el acceso a la atención odontológica sin minimizar la calidad de los tratamientos ni de la atención al paciente".
