Las candidatas de Podemos-Izquierda Unida, Mónica Rodero y Carmen Martín, se han solidarizado con la abogacía del turno de oficio y ha afirmado que "pelearán" por sus reclamaciones durante la legislatura. En este sentido, han criticado que las modificaciones realizadas por la consejera de Presidencia, Paula Fernández (PRC), "son un insulto a los profesionales del turno de oficio y les impide prestar sus tareas en condiciones mínimamente dignas".
Para la coalición, la situación de la abogacía del turno de oficio es "sangrante por la desidia y desinterés de la Consejería de Presidencia, que no atiende sus reclamaciones, satisfecha de disponer de abundante mano de obra cualificada trabajando por tres euros la hora".
Cantabria es una de las comunidades que menos inversión por persona realiza en asistencia jurídica gratuita de todas
Según Rodero, candidata de la coalición a la Presidencia de Cantabria, esa asistencia profesional en la defensa que hacen los abogados "no es valorada" por parte del Gobierno regional, y la consejera de Presidencia "ha hecho oídos sordos a todas las alegaciones realizadas por la Abogacía de Cantabria a su Reglamento de Justicia Gratuita, y mantiene a sus profesionales en condiciones de precariedad laboral".
Para la coalición es "imprescindible" facilitar la tramitación de los expedientes "en beneficio de los derechos de las personas administradas" y se debe facilitar su gestión "en el contexto en el que se produce". "En muchas ocasiones, la intervención de profesionales en la defensa de estas personas se da en dependencias indignas, un contexto que es frecuentemente soslayado por parte de la Administración autonómica", ha denunciado al respecto.
IU-Podemos ha reclamado a la consejera que aumente los módulos por retribución a los profesionales que intervienen en el proceso judicial "para dignificar su tarea". Según fuentes de la coalición, el XVI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, correspondiente a 2021, indica que la retribución media de abogados de oficio por asunto en Cantabria fue de 135,60 euros, resultado de dividir la cantidad total certificada, 1.879.250 euros, por el número de asuntos tramitados, 13.859.
En este sentido, Cantabria es una de las comunidades que menos inversión por persona realiza en asistencia jurídica gratuita de todas (3,22 euros), solo por delante de Extremadura (3,15 euros) y Aragón (2,97 euros), ha afirmado la coalición.
