La coalición Podemos-Izquierda Unida de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo se ha comprometido a aprobar una Ley de Vivienda de Cantabria ante el "incumplimiento" del PSOE de sacarla adelante en la actual.
Entre otros aspectos, con esta ley que quiere promover Podemos-IU se "atacará de frente el indecente número de viviendas turísticas" en Cantabria, que es, según ha dicho, "más alto" que el del País Vasco y Navarra juntos, según han anunciado en un comunicado la candidata de la coalición a la Presidencia de Cantabria, Mónica Rodero, y la número 2 de la lista, Carmen Martín.
Rodero ha defendido que la vivienda "debe incentivarse como derecho, no como negocio" y su acceso debe ser "seguro y asequible para todas las personas". "No vamos a tolerar que impere la ley de la selva", ha advertido.
"No vamos a tolerar que impere la ley de la selva"
Por su parte, Martín ha señalado que "son los más vulnerables los que están pagando la cortedad de miras de los sucesivos gobiernos" y ha defendido que, "de un modo u otro, la vivienda, y en especial la turística, debe regularse". "De nada sirve la denuncia sin contenido o las buenas palabras a las que nos tienen acostumbrados, particularmente el PSOE", ha aseverado. Ambas han coincidido también en la necesidad de impedir la discriminación por clase o profesión en el acceso al alquiler.
Las candidatas han aludido a que, según estudios recientes, un 83% de los españoles y españolas considera el de la vivienda y las dificultades para su acceso como un problema de primer orden. Además, dos de cada diez personas menores de 35 años viven en casa de sus familiares y casi un 60% de entre quienes tienen entre 18 y 24 años.
También han incidido en que, según estos estudios, casi la mitad de las personas dedican entre un 30% y un 50% de sus ingresos a cubrir "lo que es un derecho", algo que es "dramático" para Rodero y Martín, que han opinado que "las Administraciones que no reaccionan ante ello están tomando partido en contra de la gente".
APLAUDEN EL ACUERDO PARA LA LEY DE VIVIENDA NACIONAL
Por eso, han considerado "importante" el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) con ERC y Bildu para sacar adelante la primera Ley de Vivienda a nivel nacional que, según han destacado, "redefine los grandes tenedores, crea índices de referencia, prohíbe los abusos a inquilinos; por ejemplo, regula que los honorarios de agencia los pague quien contrata el servicio".
Sin embargo, Martín ha advertido que "las competencias en vivienda quedan en manos de las comunidades autónomas", con lo que, según ha dicho, es "vital" que la coalición Podemos-IU tenga "fuerza en el Parlamento de Cantabria para contar con una ley autonómica que ponga a la comunidad "a la vanguardia de España en términos de regulación".
"Cuando lleguemos al Parlamento aprobaremos con la mayor urgencia, durante el primer año, una Ley de Vivienda que vaya en esta línea y contemple los compromisos adquiridos con la PAH Santander-Cantabria, entre ellos que se garantice el 2,5% del Presupuesto de la comunidad para la Consejería de Vivienda; que se cree una Agencia Inmobiliaria Pública en Cantabria con competencias para proteger a los arrendadores y que se regulen los precios de alquiler en toda Cantabria", han dicho.
Además, han abogado por la limitación de la compra de segundas viviendas a no residentes, como manera de luchar contra la especulación; la vinculación de los precios máximos de alquiler en zonas tensionadas a los ingresos de los hogares; la creación de bolsas de vivienda vacía en los municipios, y la rehabilitación de edificios en desuso".
También han propuesto un impuesto a viviendas vacías; la limitación del precio de los alquileres; el endurecimiento de las sanciones al alquiler turístico ilegal y la dotación de recursos a inspección; la creación de un censo de viviendas vacías en cada municipio, y la creación de oficinas de vivienda para la defensa y asesoramiento general de compradores y arrendatarios.
"Los ciudadanos y ciudadanas viven bajo una desprotección intolerable que es responsabilidad de las Administraciones", han sentenciado ambas, que han asegurado que trabajarán desde el Parlamento para hacer que los derechos "se apuntalen y se amplíen". "Basta ya de irresponsabilidad", han reclamado.
