El grupo parlamentario de Podemos ha registrado este lunes una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear una comisión de estudio de cara a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, del que precisamente este lunes se celebra su 34 aniversario.
Los tres diputados de Podemos -Verónica Ordoñez, José Ramón Blanco y Alberto Bolado- han presentado esta tarde en rueda de prensa la iniciativa, en la que piden que la comisión sea "altamente participativa y abierta a diferentes actores de la sociedad civil, y que se establezca el plazo máximo de un año para iniciar la reforma del Estatuto, basándose en el informe que emita la citada comisión.
Para Podemos, existe un "consenso" acerca de la necesidad de abordar esta reforma, especialmente en cuestiones tales como la de "eliminar los aforamientos, la no obligatoriedad de que el senado autonómico sea a la vez diputado regional o para oficializar la propuesta de ADIC de convertir el Lábaro en símbolo y bandera co-oficial de Cantabria".
Desde Podemos entienden que "en un momento como este, en el que el pacto social ha sido roto por parte de las élites, es el momento de la redefinición del concepto de ciudadanía". Y consideran que para ello, es fundamental "abordar procesos participativos que reproduzcan lo que hoy es nuestra Cantabria, reforzando nuestra cohesión social".
"Después de 34 años de vigencia de nuestro Estatuto, es importante sentarnos y pensar qué cuestiones pudieran ser mejoradas", ha dicho Verónica Ordóñez, quien ha defendido que cualquier persona o entidad que quiera aportar a este proceso "tiene que tener todas las facilidades para hacerlo".
Por su parte, José Ramón Blanco ha afirmado que Podemos intentará impulsar este debate a través de sus círculos o de asambleas abiertas, para cumplir el objetivo de la formación morada de ser "la herramienta de la ciudadanía dentro de las instituciones".
Alberto Bolado ha añadido que el desarrollo competencial de Cantabria debe ser objeto de estudio y análisis de forma "profunda y participativa", y ha destacado la necesidad de "blindar los derechos sociales, el cuidado al medio ambiente o el derecho a la justicia gratuita".
