Todos los grupos del Parlamento cántabro (PP, PRC, PSOE y Vox) han unido sus votos en el Pleno de este lunes para reclamar que el Gobierno de España financie el 50% del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque regionalistas y socialistas han destacado que en los últimos años la aportación que recibe la comunidad del Estado ha ido "mejorando" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y es que la iniciativa -una proposición no de ley (PNL)- ha partido del PP, que ha criticado que, 17 años después de su aprobación, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "no se cumple en todos sus términos", ya que el Estado no asume la financiación de los servicios a partes iguales con las comunidades autónomas, como recoge esta norma.
PRC y PSOE, aunque han apoyado la PNL, han destacado que los mayores "recortes" en dependencia en España llegaron con el Gobierno de Mariano Rajoy y que, mientras la financiación que este aportaba en Cantabria cubría apenas un 17% del gasto, la actual está "al 37%". Todo mientras en Cantabria gobernaba el PP con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 y "por supuesto que no se reclamaba el 50% de la aportación estatal", han subrayado.
El 'popular' Juan José Alonso ha sido el encargado de defender la iniciativa denunciando que los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con el PNV o el BNG sí contemplan esa financiación al 50%, por lo que han reivindicado lo mismo para una Cantabria que "se ve obligada a desviar recursos de otras áreas sociales para cubrir el déficit que el Gobierno de España no atiende".
"No podemos permitir que las personas especialmente vulnerables en situación de dependencia de Cantabria se conviertan en ciudadanos de segunda mientras que aquellos a los que necesita el presidente para continuar en la Moncloa se convierten en ciudadanos privilegiados", ha sentenciado el diputado. Según ha detallado, 17.000 cántabros reciben algún servicio o prestación del Sistema de Dependencia, con lo que la inversión ascendió en 2022 a casi 154 millones y el Estado "aportó el 30%", y "apenas superó el 32%" el año pasado. Así, Cantabria "tuvo que añadir más de 30 millones para cubrir los gastos que el Estado no garantiza".
Frente a ello, la regionalista Rosa Díaz ha recordado que Rajoy fue denunciado ante la Fiscalía General por "el incumplimiento flagrante en el sistema de la financiación de la dependencia" y que los recortes en dependencia "alcanzaron los 4.600 millones entre 2012 y 2017". Además, ha defendido que el PRC ha venido reivindicando esa financiación a partes iguales entre Estado y comunidades tanto desde la oposición como "gobernando y gobernase quien gobernase".
"DEMAGOGIA NIVEL PRO"
La socialista Norak Cruz, por su parte, ha calificado esta iniciativa del PP como "demagogia nivel pro" cuando "está demostrado con datos y realidades que los gobiernos socialistas siempre han estado comprometidos con la ley de dependencia" y que cuando la inversión sufrió su mayor "retroceso" fue "en manos del PP".
También desde Vox han reconocido estar "desconcertados" con la PNL, pues el PP se abstuvo la pasada legislatura en una iniciativa similar impulsada por este grupo y en su debate el actual consejero de Salud, César Pascual, antes diputado, indicó que nunca se había llegado a recoger ese compromiso de financiación al 50% porque la ley se había aprobado sin memoria económica. No obstante, Vox ha votado a favor para que "no siga incrementándose" el déficit de "400 millones de euros" que, según ha cifrado el diputado Armando Blanco, Cantabria ha dejado de percibir durante los últimos 10 años.
CAD DE SIERRALLANA
Antes de esta PNL se ha debatido otra moción en materia de dependencia, impulsada por el PSOE para modificar la relación de puestos de trabajo de los Centros de Atención a la Dependencia y evitar que se contrate a profesionales de empresas privadas por falta de personal, pero no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP y Vox.
Y es que el PSOE ha llevado al Pleno esta iniciativa pidiendo al Parlamento exigir al Gobierno dejar patente "un compromiso equívoco de que no va a externalizar" el servicio, después de que en el periodo de Navidad se contratara a dos trabajadores externos en el CAD de Sierrallana.
Desde el PP han señalado en varias ocasiones que fue algo "puntual" para cubrir unas 43 horas durante cinco días porque no había personal en la bolsa y la prioridad era atender a los usuarios -personas con discapacidad y grandes dependientes-, pero el PSOE ha opinado que supone "abrir la puerta a privatizar servicios públicos", un "vicio" al que, según ha dicho Norak Cruz, los populares "recurren cuando gobiernan como única estrategia de gestión". "Queremos encender todas las alarmas ante este precedente, porque se empieza por unos días contratando personal en empresas privadas y se acaba por cerrar residencias", ha sentenciado.
Así, la moción pedía modificar la RPT de los CAD de Cantabria para adaptar las plantillas a sus necesidades asistenciales, convocar procedimientos para constituir una bolsa de trabajo extraordinaria y un "compromiso explícito para que ninguna plaza de sea cubierta en el futuro por personal contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT)", además de acordar estas medidas con los trabajadores.
Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el apoyo del PP, que ha dicho que "estamos perdiendo el norte" y ha cuestionado a los socialistas "qué hubieran hecho" en su lugar para que los usuarios no quedaran desatendidos; ni tampoco de Vox, que en la misma línea ha apoyado la actuación porque "no había más opciones". Ambos han criticado también que el PSOE pida modificar las RPT cuando no lo ha hecho durante sus gobiernos.
Vox había presentado una enmienda para apoyar la moción si se precisaba que las plazas no se cubrieran con personal de las ETT "salvo situación de urgente necesidad", pero el PSOE no la ha admitido. El PRC sí ha votado a favor de la iniciativa de los socialistas porque coincide en que este tipo de contrataciones se deben realizar "con carácter muy excepcional". "Si las bolsas están agotadas deberán realizarse otras extraordinarias", han dicho, añadiendo que los "temores" de la privatización no asaltan solo a la oposición sino también a la Junta de Personal, que ha cuestionado si lo ocurrido en Navidad en el CAD de Sierrallana será "el primer paso a una posible externalización de los servicios sociosanitarios".
