El consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, afirmó el pasado martes que el nombramiento de Pedro García Carmona como director general de Administración Local no contraviene el pacto firmado entre PRC y Podemos, en el que se especifica claramente que no puede haber imputados en cargos de la administración y de las empresas públicas. El regionalista se amparó en el hecho de que Carmona, imputado por el caso de ‘firma falsa’ en una moción del Ayuntamiento de Torrelavega, declaró como “testigo asistido”.
Sin embargo, tal figura judicial no existe en el ordenamiento jurídico actual. El ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sí quiso incorporarlo en su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la cual se elimina el concepto de “imputado” ante la creciente carga negativa que el término ha adquirido con los casos de corrupción política. Pero ni siquiera eso ha llegado al texto final, como se recoge en el documento que acompaña a este texto.
Según el Proyecto de Ley Orgánica consultado por eldiariocantabria.es publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, por el que se modifica la mencionada ley, existen una serie de vocablos que sustituirán a “imputado”. El capítulo X, denominado ‘Medidas de aseguramiento’, contempla que dicho sustantivo pase a ser “investigado” en los artículos 120, 309 bis, 502, 562, 760, 771, 775, 779, 797, 797, 798 y 967, mientras que se convertirá en “encausado” en los artículos 325, 433, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 529, 530, 539, 544 ter, 764, 765, 766 y 773.
Asimismo, en el artículo 141 se contempla la posibilidad de sustituir “imputado” por “investigado o encausado”, mientras que “en el resto de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los sustantivos ‘reo’ o ‘imputado’ se sustituirán por ‘encausado’, en singular o plural según corresponda”. Incluso se contempla la posibilidad de que no se sustituya si es utilizado como adjetivo.
“No le consideramos imputado”
A pesar de todo ello, De la Sierra aseguró en Comisión parlamentaria que en el PRC “no le consideramos imputado” porque García Carmona declaró como “testigo asistido”, una figura procesal que ni siquiera existe.
El consejero quiso restar importancia a la participación del regionalista en el proceso judicial al asegurar que a Carmona no se le relaciona con delitos de corrupción contra la Administración, y que finalmente no se han dirigido acciones judiciales contra el actual director general de Administración Local. Sin embargo, la investigación sigue abierta y son varias las figuras delictivas que podría sostener la acusación y el tribunal está lejos de archivar la causa contra el nuevo director general.
Hay que recordar que el proceso de aprobación de la modificación de la ley está lejos de terminar. El pasado 12 de junio el Congreso de los Diputados aprobó con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y PNV, y el voto en contra del resto de partidos. Sin embargo, el texto debe ser remitido al Senado, en el que se prevé un periodo ordinario de entre seis y dieciocho meses, pudiendo prorrogarse hasta los 36 meses.
Pero el cambio de término no elimina la realidad de que un cargo público está inmerso en un proceso judicial, a día de hoy, en calidad de imputado.
El espíritu del pacto entre PRC y Podemos no deja lugar a dudas: que ningún cargo público de las instituciones esté imputado por la comisión de un delito en el ejercicio de su cargo público, de ahí el nombre que recibe el bloque en el que se incluye el artículo: “Tolerancia cero a la corrupción”. Incluso se contempla, en el artículo segundo, la exigencia de que el nuevo Gobierno mantenga la acusación en el llamado “caso Racing”, en el que están imputados (sin que Rafael de la Sierra haya propuesto cambio de término) el regionalista Francisco Javier López Marcano y el socialista Ángel Agudo.
