El Gobierno de Cantabria está estudiando las sentencias dadas a conocer el miércoles contra el parque acuático planteado en Sierrallana y contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, para ver si cabe recurso contra ellas y buscar las fórmulas que permitan seguir adelante con estos proyectos dando cumplimiento a lo que marcan los tribunales.
Por un lado, se está valorando si la solución ante la paralización del parque acuático proyectado en la capital del Besaya pasa por recurrir la sentencia o por instar al Ayuntamiento de Torrelavega a modificar la figura urbanística del terreno en el que se quiere construir la instalación.
Algo que "aún a día de hoy está en vía de estudio" tanto en el Ejecutivo regional como en el Consistorio, ha dicho el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, a preguntas de la prensa este jueves tras hacerse públicas ayer las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra estos dos proyectos, ambas estimando recursos presentados por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y, en el caso de la que afecta al PORN, también por el propietario de una finca afectada contra el decreto que en 2018 aprobó el Plan.
Por un lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la autorización que dio la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para construir un equipamiento deportivo y de ocio en suelo no urbanizable de Sierrallana, al considerar el tribunal que el proyecto "excede el uso permitido como sistema general deportivo".
En cuanto al PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el TSJC lo ha anulado al entender que no tiene "consideración suficiente a los valores y recursos dignos de protección" y aceptar los recursos presentados argumentando que la zonificación que establece este documento no cumple con los objetivos de protección del propio Plan.
En este sentido, Zuloaga ha puesto en valor el "trabajo infatigable" que ha venido haciendo el Gobierno a lo largo de esta legislatura y en legislaturas previas para afrontar el problema de las sentencias de derribo que "llegaron a nuestra comunidad autónoma de la mano del PP".
A lo largo de este tiempo, se ha centrado en el "acompañamiento constante a las familias" afectadas y en los "muchos expedientes" que se han tramitado para tratar de legalizar algunas viviendas y "salvarlas del derribo" a través de diferentes fórmulas urbanísticas.
De hecho, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, tiene previsto reunirse este fin de semana con los afectados para analizar cuál es el impacto de la sentencia y marcar la hoja de ruta del Gobierno dentro de "su empeño" de "es seguir al lado de las familias que padecen las consecuencias del urbanismo desordenado", ha dicho Zuloaga.
