martes 28/9/21
POLÍTICA

El director de ACAT dará explicaciones ante el Parlamento sobre los documentos con datos personales de contribuyentes tirados a la basura

Agencia Cántabra de Administración Tributaria
Sede de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria

El director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), César Aja, comparecerá este jueves, 29 de abril, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento regional para dar explicaciones sobre la aparición el 8 de abril de cientos de documentos con datos personales de contribuyentes tirados junto a un contenedor de basura en una calle del centro de Santander. Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), quien, a preguntas del PP, ha afirmado que lo ocurrido es un hecho "excepcional" y "absolutamente aislado" en la historia de la ACAT, creada en 2009, pero que es "intolerable y tendrá consecuencias" y del que ha culpado a la empresa contratada para la recogida de residuos (Bedunde).

Sánchez, que por su cargo como consejera también preside la ACAT, ha afirmado que la empresa cometió una "irregularidad" que "vulnera la intimidad de los contribuyentes" ya que, en vez de transportar los desechos hasta "un lugar apropiado para su destrucción, los depositó en una localización insegura" (junto a un contenedor de basura de la calle Ataúlfo Argenta de Santander). La consejera ha señalado que el mismo día que sucedieron estos hechos se puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido así como el proceso para depurar responsabilidades, si bien habrá que esperar, según ha dicho, a las conclusiones del estudio encargado a los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria.

Tal y como ya se anunció por parte del Gobierno, Sánchez ha señalado que, tras el "incidente", la ACAT asumirá internamente la destrucción de documentos de especial protección hasta que se formalice la contratación de una empresa especializada, y, además, revisará sus protocolos de destrucción de documentación. Se estudiarán también fórmulas para "endurecer" los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones para contratos de servicios y suministros y se va a editar un "manual de buenas prácticas" para el personal de la ACAT.

La consejera se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de tomar "medidas contundentes" y "depurar responsabilidades", si bien ha añadido que no hay que olvidar -algo que a su juicio el PP hace- es que "en democracia se deben seguir unos cauces definidos por el Estado de Derecho. "Aquí no sirve destruir la documentación a martillazos", ha ironizado Sánchez, que cree que lo que hay que hacer es "aplicar la Ley con el máximo rigor" y la "máxima severidad", algo que -ha dicho- "se va a hacer".

La titular de Economía y Hacienda ha afirmado que ese incidente no solo vulnera la intimidad de los contribuyentes sino que "daña la imagen" de la propia entidad. En este sentido, ha indicado que si se toma como referencia la guía que emplea la Agencia Española de Protección de Datos a la hora de valorar la "severidad" de este tipo de "brechas de seguridad", lo ocurrido tiene un "alto impacto" para la propia institución, la ACAT, pero es de una "severidad baja" para los afectados dado que, aunque se ha producido "un problema de confidencialidad", éste no "produce consecuencias" para éstos, más allá -ha dicho- del "comprensible malestar" de los mismos

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, la diputada del PP, Isabel Urrutia, ha responsabilizado de lo ocurrido al Gobierno y ha asegurado que la empresa a la que culpa la consejera por este suceso no está contratada para el tratamiento de residuos o de documentación de especial protección sino solo para la "limpieza" de las instalaciones de la ACAT, sin que en el pliego del contrato se diga nada sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

"Son ustedes los responsables de que la empresa no haya cumplido porque ustedes no han tenido el deber de vigilancia que debieran sobre los residuos. La empresa hizo lo que el documento (el pliego) le dijo que tenía que hacer", ha afirmado Urrutia, que ha pedido a la consejera que "rectifique y diga la verdad públicamente".

ILUNION IT SERVICES

Por otra parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, la también socialista Ana Belén Álvarez, ha respondido a preguntas de Vox sobre las gestiones realizadas por el Gobierno para evitar el cierre de la planta de Ilunion IT Services en Reinosa, Columbia Cintas de Impresión -un centro especial que emplea a personas con discapacidad-, y el despido de los 36 trabajadores actuales.

Según ha indicado Álvarez, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con la Dirección, con los representantes de los trabajadores y con Amica, que está negociando una transmisión de la unidad productiva que "podría permitir la continuidad de la fábrica". No obstante, no ha detallado el contenido de las negociaciones porque se trata de entidades privadas y han pedido "sigilo". En este sentido, ha asegurado que el Gobierno está intentando "por todos los medios que los trabajadores no pierdan", pero ha destacado que "la negociación privada es ajena a la Administración".

Aun así, Álvarez espera que "las negociaciones fructifiquen" y ha mostrado su "preocupación e interés" por el conflicto al tratarse los afectados de personas con discapacidad, que tienen "mayores barreras para acceder al mercado de trabajo".

También ha sido preguntado en el Pleno el vicepresidente y consejero de Deporte, Pablo Zuloaga, en su caso por Cs, acerca de las gestiones realizadas para que la práctica deportiva sea actividad esencial como aprobó el Parlamento. Zuloaga ha respondido que dentro del estado de alarma la competencia de declarar una actividad como esencial es del Gobierno de España, afirmación que Cs ha interpretado como que el Ejecutivo regional "no ha hecho nada" para atender las reclamaciones de los padres que quieren que sus hijos sigan practicando deporte base.

SEG AUTOMOTIVE

Por su parte, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha respondido a unas preguntas de Vox sobre los contagios de Covid producidos en las negociaciones de SEG Automotive, que pusieron en cuarentena a varios miembros del Gobierno y donde resultó contagiado Zuloaga.

El diputado de Vox Cristóbal Palacio ha asegurado que éstos supieron por la mañana que eran contactos estrechos de un positivo y no interrumpieron su agenda para confinarse hasta por la tarde. Sin embargo, el consejero ha descartado ofrecerle datos de los rastreadores sobre cuándo se les notificó o cuándo contactaron con los afectados explicando que solo tiene acceso a ellos el personal médico y que él "no tiene justificación para consultarlo".

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE OYAMBRE

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), ha negado que la ejecución del centro de interpretación del Parque Natural de Oyambre, con la rehabilitación y ampliación de la casa pozo y la edificación anexa, hayan comenzado sin tener autorización del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, como ha asegurado el PP.

Blanco ha aclarado que las actuaciones que la empresa Tragsa hizo con anterioridad eran "trabajos de preparación" de la actuación, como desbroces en el exterior, colocación de vallas para el cierre perimetral de la obra y de casetas se obra y también la retirada de un alero que suponía un "grave riesgo" para los trabajadores.

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