Podemos e Izquierda Unida han denunciado que los cajeros automáticos que el Gobierno de Cantabria instaló en zonas rurales para detener la despoblación, "y por los que paga más de dos millones de euros a una filial del Banco Santander", cobran comisiones a los usuarios que no tienen cuenta con esa entidad.
Además, ambas formaciones han criticado que los cajeros instalados en locales públicos no proporcionan más servicio que el acceso al efectivo o la consulta de saldos, lo que en su opinión "no soluciona las necesidades básicas de la población del medio rural cántabro". En su opinión, "es un contrasentido invertir dos millones de dinero público para que una entidad privada preste un servicio, y permitir que ese servicio solo sea gratuito para clientes de dicha entidad".
Además, Podemos e IU consideran "inmoral permitir el cobro de comisiones en unos cajeros que pagamos entre toda la ciudadanía cántabra a la misma empresa que, paradójicamente, está desmantelando su red de oficinas rurales".
Para la candidata a la presidencia de Cantabria, Mónica Rodero, el acceso a los servicios bancarios es "indispensable", por lo que, además de retirar las comisiones al efectivo, reclama una atención personal garantizada y "que esto esté recogido en la futura ley de lucha contra la despoblación" porque si ésta "no garantiza el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales, será una ley carente de sentido".
"Si las entidades privadas no están por la labor de ofrecer ese nivel de atención, tendrá que ser el Gobierno de Cantabria quien siente las bases de una banca pública que sí tenga en consideración a toda la ciudadanía", ha sostenido.
En este sentido, la número dos de la coalición, Carmen Martín, ha destacado el papel que puede jugar el Instituto Cántabro de Finanzas como organismo público capaz de responder a las cuestiones bancarias básicas, una medida que defenderán desde el próximo Gobierno de la comunidad, ha dicho.
