jueves. 18.04.2024

Cantabria No Se Vende critica que los centros de interpretación, de gran importancia para la puesta en valor y defensa del territorio cántabro, tengan la gestión privatizada, a la vez que denuncia la discriminación gubernamental de la única propuesta local y sin ánimo de lucro que se presentó al concurso

El contrato de atención al público de los centros de interpretación de Cantabria, promovido por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objeto tareas de guía y sensibilización sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, en centros ligados a espacios naturales o con aspectos relevantes de nuestro patrimonio cultural.

En el concurso público han participado desde empresas globales de prestación de servicios como Eulen, hasta la Red Cántabra de Desarrollo Rural, actual gestora de dichos centros.

A CNSV no le sorprende ya que el Gobierno autonómico externalice la gestión de este tipo de centros: “lo hacen con la Sanidad y la Educación, cómo no van a hacerlo con el patrimonio cultural y natural, que venden al peor postor siempre que pueden”. Lo sorprendente de esta licitación es que la oferta más solvente y ventajosa económicamente fue la de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, pero la adjudicación fue a una filial de ACS, empresa de Florentino Pérez.

CNSV se ha cuestionado cómo ha podido pasar esto y ha analizado la documentación de dicho concurso:

En la oferta del ‘Lote 1’ (servicio de guías intérpretes de uso público), la Red Cántabra de Desarrollo Rural (RCDR) aventajaba en 636.504,43 € a la oferta de Talher, filial de ACS. El problema surge porque en la comparativa con el resto de ofertas, esta propuesta es considerada “baja temeraria o desproporcionada”. ¿Cuál es el procedimiento cuando pasa esto? El licitador (la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) solicita que se justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, costes o cualquier otro parámetro, en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta.

En la justificación de la RCDR se constatan ahorros en costes de vehículos, vestuario y coordinación, así como costes indirectos y generales. Pero donde se encuentra la principal y gran diferencia con el resto de licitaciones, es en que se trata de una asociación sin ánimo de lucro, no tiene beneficio empresarial y puede justificar costes más bajos porque no especula con salarios o costes indirectos.

En el análisis de la mesa de contratación se concluye que “la RCDR no pone en peligro la futura ejecución del contrato con las condiciones especificadas en el pliego. Las ventajas de la oferta del licitador se justifican en la experiencia que le permiten tener unos menores costes, en la existencia de medios auxiliares propios ya amortizados y, fundamentalmente, en su condición de entidad sin ánimo de lucro, circunstancia que justificaría unas condiciones especialmente favorables de las que dispone para ejecutar las prestaciones del contrato frente al resto de licitadores”, para concluir que se requiere una valoración jurídico-administrativa adicional.

El órgano de contratación excluye a la única empresa cántabra, con experiencia en el servicio y sin ánimo de lucro, al considerar que la oferta no es viable por los precios ofertados, sin publicar valoración jurídico-administrativa de ningún tipo, lo cual nos parece, una decisión arbitraria que discrimina una propuesta local y sin ánimo de lucro, frente a una gran empresa sin implantación en el territorio.

En este caso es una empresa de Florentino Pérez, en otros una de Rafael del Pino, pero para Irene Puente, coportavoz de Cantabria No Se Vende, “este es otro ejemplo más de cómo los sucesivos Gobiernos autonómicos supeditan sus decisiones a los intereses a los grandes grupos económicos que actúan para su propio beneficio, y que cuentan con las cúpulas políticas como instrumentos a su servicio”.

A puertas de una nueva temporada estival, a juicio de CNSV el Gobierno “vuelve a dejar claro que prioriza una Cantabria para las grandes empresas y los turistas”, dejando de lado “a aquellas personas que habitamos el territorio y construimos comunidad: trabajadoras y trabajadores rurales y urbanos, pequeños comerciantes, autónomos, estudiantes, pensionistas, parados, precarias...”.

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