Toda administración pública está obligada a publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Así lo recoge el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, esto no siempre es así. Los ciudadanos se enfrentan de forma habitual a diferentes niveles de la administración que no facilitan la información que requieren. Así ha ocurrido con el Ayuntamiento de Cabuérniga, que ha sido requerido de forma reiterada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado a responder las peticiones de una ciudadana que solicitaba información de varias juntas vecinales, sin que haya habido respuesta, según fuentes cercanas a la reclamante consultadas por este medio.
El Ayuntamiento de Cabuérniga “no ha dado respuesta a la solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo”
Tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, el 15 de noviembre de 2021 la solicitante presentó ante el Consejo varias reclamaciones después de que unos meses antes solicitara al Ayuntamiento de Cabuérniga, gobernado actualmente por el PP, “información detallada con recibos y pagos así como los justificantes de gastos de las Subvenciones o ayudas recibidas durante 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021” a varias juntas vecinales, en concreto a las de Carmona, Fresneda, Renedo, Selores, Sopeña, Valle, Viaña y Terán, todas ellas otorgadas por el mencionado Consistorio.
Ese mismo día 15, el Consejo remitió los expedientes de cada una de estas reclamaciones al Ayuntamiento, “al objeto de que se pudieran formular las alegaciones” oportunas. Sin embargo, a fecha de 8 de abril de este año “no se han recibido alegaciones”, lo que a juicio del organismo estatal supone que lo que solicita la ciudadana “constituye información pública”.
“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”, recuerda el Consejo remitiéndose al preámbulo de la ley, ante lo que da dos alternativas: o bien remitir una dirección URL en la que “se encuentre publicada la información”, o bien “facilitar directamente” lo que los ciudadanos requieran.
En el caso concreto del Ayuntamiento de Cabuérniga, sin embargo, “no ha dado respuesta a la solicitante y tampoco ha contestado al requerimiento de alegaciones formulado por este Consejo”, lo que “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente”, y acusa directamente al Consistorio de “incumplimiento de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso”.
La falta de respuesta en todo este tiempo por parte del Ayuntamiento gobernado por la ‘popular’ María José Fernández Iglesias hizo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no solo estimase las ocho reclamaciones presentadas por esta ciudadana, sino que instase al Consistorio a facilitar “la información solicitada” a la reclamante, además de remitir al Consejo “copia de la información enviada” en un plazo de 20 días hábiles.
Sin embargo, ninguno de estos requerimientos fue atendido por Cabuérniga. El pasado 19 de mayo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dirigió al Ayuntamiento un oficio “reiterándole la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado” en las resoluciones, sin que, según han explicado estas mismas fuentes, se haya dado respuesta todavía a la petición.
