La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado que exigirá al próximo Gobierno recuperar todas las enmiendas relacionadas con el organismo que estaban incluidas en la Autoridad del Cliente Financiero, un proyecto de ley que decayó en el Senado por el adelanto de elecciones y la consecuente disolución de las Cortes.
En una intervención en unas jornadas organizadas en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica, Fernández ha apuntado que entre estas enmiendas se encontraba la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones y un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que participen en un cártel. Aquí también se incrementaban de 60.000 a 400.000 euros la multa a los directivos participantes.
Y es que, Cani Fernández cree que el marco sancionador actual de España "no es suficientemente disuasorio", porque la multa permitida es de hasta el 10% del volumen de negocios de la empresa infractora en el ejercicio anterior a la imposición de la multa.
"Ya de entrada esto de en el ejercicio anterior a la imposición de la multa puede dar lugar a muchos juegos estratégicos", ha apuntado Fernández. Para poner un ejemplo, la presidenta del organismo ha señalado que si una empresa que ha estado participando 20 años en un cártel y justo en el último año quiebra, el organismo no puede imponer sanción "de ningún tipo". Esto también es aplicable a un año en el que la empresa "no vende" o reduce su volumen de facturación.
El suceso contrasta con la realidad, según Fernández, porque a pesar de ese año concreto la empresa en cuestión "ha estado enriqueciendo durante los 20 años del cártel". "Con una multa del 10% y tú has estado cuatro años subiendo tus precios entre un 10 y un 15%, sale a cuenta, obviamente", ha agregado.
MÁS AUTONOMÍA EN EL PERSONAL DE LA CNMC
Fernández ha enfatizado en la necesidad de recuperar otra enmienda, también incluida en la Autoridad del Cliente Financiero, que permitía al organismo conseguir una mayor independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionario del subgrupo A1.
El Gobierno aprovechó la tramitación de esta norma para complacer algunas de las demandas que el organismo reclamaba desde hace años. Este es el caso de la ampliación del plazo general del procedimiento sancionador de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasa de 2 a 3 meses.
Sin embargo, el adelanto de elecciones generales supuso la disolución de las Cortes Generales, lo que hizo que el proyecto de ley para la creación del nuevo organismo financiero muriera en el Senado. "Cuando haya un Gobierno formado voy a recuperar esas enmiendas porque es el culmen y resolución de problemas de gestión interna de la casa", ha apostillado.
Durante su intervención, la presidenta de Competencia también ha aprovechado para recordar y celebrar el décimo aniversario del organismo regulador en 2023, así como de la primera Ley de Competencia de España, que cumple 60 años.
