Cantabristas ha mostrado su apoyo a los equipos jurídicos de la ACPT (Asamblea Ciudadana Por Torrelavega) y la asociación ecologista ARCA, que han anunciado recientemente que demandarán a los responsables de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) por haber autorizado que el proyecto del Aquapark de Sierrallana saliera adelante, aunque este no cumpliera varios puntos de la normativa urbanística. A través de un vídeo, el candidato a las autonómicas de Cantabristas, Paulu Lobete, ha denunciado, junto a Alejandro Pérez de ACPT, que la CROTU “dio luz verde a un proyecto que a todas luces no cumplía con la legalidad y no tenía ningún tipo de garantías”.
La CROTU es un órgano técnico cuya función es velar por el cumplimiento de la normativa urbanística, velando por la defensa del territorio y el medioambiente. Sin embargo, a mediados de diciembre del año pasado, los tribunales paralizaron, a instancias de otra demanda presentada por ACPT y ARCA, el proyecto del parque acuático impulsado por el Ayuntamiento de Torrelavega al considerar que no cumplía con la legislación en materia de ordenación urbanística. Para Lobete, “tiene que haber responsabilidades técnicas y políticas por esta aprobación irregular, ya que todo apuntaba a que el Aquapark era un sinsentido y una nueva operación especulativa ligada a la masificación turística, y no tenía ni pies ni cabeza que la CROTU viera con buenos ojos el proyecto”.
Alejandro Pérez, de ACPT, ha sido muy tajante con la finalidad de la demanda: “La CROTU no puede ser un coladero de proyectos especulativos sin ningún tipo de garantías. Por responsabilidad política con la ciudadanía de Torrelavega, debemos dar un paso más y aclarar por qué este órgano dio el visto bueno al Aquapark”. Además, desde Cantabristas y ACPT han denunciado también que "este proyecto aberrante y fallido ya ha costado cerca de 60.000 euros a las arcas públicas, desglosados en gastos que han acarreado, entre otros, la asistencia jurídica y la inversión publicitaria del parque acuático". Un dinero, en palabras de Lobete, “que ha sido despilfarrado por intereses partidistas y sin ningún beneficio para las personas que habitan Torrelavega”.
