El equipo de gobierno de Noja ha manifestado su “respeto por la sentencia judicial” que condena al que fuera alcalde del municipio del PP, Jesús Díaz, por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al entonces secretario municipal a nueve años de inhabilitación.
El equipo de Gobierno ha señalado que “siempre es una buena noticia que la justicia, cuyos tiempos no siempre son los que la ciudadanía demanda, haya aclarado lo ocurrido”, aunque ha lamentado que “una vez más, el municipio se ve afectado por una sentencia judicial que condena la gestión del anterior alcalde”, quien, según la sentencia, dictó “numerosas resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias”.
En este sentido, ha puesto en valor la “transparencia y el buen gobierno que caracteriza la gestión municipal desde 2015”, en contraste con la “opacidad que están desvelando y juzgando los tribunales”.
El equipo de Gobierno ha lamentado, en este sentido, el “daño que el exalcalde ha hecho a la Villa”, cuyos “vecinos no se merecen que su municipio sea recordado por la corrupción de un dirigente que actuó en base a motivaciones personales, nunca públicas”.
Asimismo, ha recordado que “no es la única causa judicial que tiene abierta”, en referencia a las diligencias previas 670/2014, por delitos de prevaricación y falsedad documental.
El abogado municipal, Antonio Gutiérrez Fernández, por su parte, ha valorado muy positivamente que el Consistorio haya sido absuelto del pago de la responsabilidad civil que se le reclamaba.
La sentencia considera probado que el exalcalde de Noja cometió un delito continuado de prevaricación por dictar “numerosas resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias”. Y añaden que su proceder “fue amparado” por el secretario municipal, que “en todo momento dirigió la tramitación de los expedientes y fue conocedor de la ilegalidad de las resoluciones acordadas por el alcalde y por la junta de gobierno local”.
En este sentido, la continuidad del delito se basa en las “numerosas resoluciones que se estiman prevaricadoras”, dictadas por el alcalde y amparadas por el secretario municipal y “estando todas ellas orientadas a poner trabas y dificultar la tramitación".
Para el equipo de gobierno municipal, con esta sentencia “se demuestra que actuó en todo momento buscando el interés personal, suyo y de su familia, y no el interés y el bien común de los vecinos, utilizando el Ayuntamiento para sus propios intereses”.
