“Como dice Mariano Rajoy, el que la hace la paga”. Y según las últimas informaciones publicadas, en el Partido Popular de Cantabria ha habido varios afiliados y altos cargos que han cometido varias irregularidades para encumbrar a la Presidencia del partido a María José Sáenz de Buruaga. El pasado 7 de marzo se cumplía un año desde la primera denuncia presentada relacionada con el proceso de primarias que tuvo lugar en el partido autonómico, que alertaba de una presunta usurpación de personalidad de un ciudadano de Laredo que tiene una discapacidad intelectual reconocida por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). En este tiempo el partido se ha fracturado y los escándalos e irregularidades salpican a miembros de la actual directiva, pero todavía quedan por depurar responsabilidades.
En aquella primera denuncia penal en Laredo, que fue archivada al no considerarse que ‘Miguelín’ tuviera esa discapacidad, fue parte el exconcejal y ex secretario general del PP de Laredo Ramón Arenas, quien un año después lo único que busca es que “se esclarezca la verdad” y que se castigue “por proceso penal o civil” si se confirman las irregularidades, contemplando la posibilidad de “repetir el Congreso”. Como ha reconocido a este diario, la actual dicotomía a la que se enfrenta el partido (la existencia o no de esas irregularidades en el Congreso Regional) “no le viene bien al PP, pero no le conviene esconder la cabeza”.
A su juicio, el partido tiene las herramientas y los principios necesarios para, “si hay alguien que ha obrado mal”, llegar a expulsarles. “Taparlo puede beneficiarles a corto plazo, pero a la larga les perjudica, y también al partido”, ha señalado, reiterando que la prioridad ahora mismo es “esclarecer” lo ocurrido en el Congreso que eligió a Sáenz de Buruaga como nueva presidenta por una diferencia de cuatro votos sobre el anterior presidente, Ignacio Diego.
Arenas considera que “si se demuestra que han utilizado a Miguelín, deberían abrir un expediente disciplinario y si se confirma, que les expulsen”, algo que define con la frase que utiliza el propio Rajoy: “el que la hace la paga”.
TRES DENUNCIAS
A lo largo de este año el PP de Cantabria ha visto como, judicialmente hablando, se le han abierto tres frentes diferentes
A lo largo de este año el PP de Cantabria ha visto como, judicialmente hablando, se le han abierto tres frentes diferentes. Por un lado, la denuncia penal en la que participó Arenas por un posible delito de usurpación de identidad de ‘Miguelín’, la persona con discapacidad intelectual que varias personas afines a la actual presidenta autonómica habrían utilizado para crear una cuenta e ingresar en ella las cuotas de 511 afiliados, hasta un total de 9.000 euros.
Este proceso judicial, sin embargo, fue archivado por el juzgado de Laredo al considerar que “no sufría” tal discapacidad, algo que Arenas confiesa le provocó impotencia. La decisión se tomó al no poder aportar el documento del ICASS, por la Ley de Protección de Datos, que certificaba dicha discapacidad.
Sin embargo, Arenas se muestra esperanzado de que la vía penal pueda ser reabierta a raíz de los documentos presentados en la denuncia civil que investiga actualmente el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, y que demostrarían presuntamente la autoría de dichos ingresos irregulares en la cuenta creada a nombre de ‘Miguelín’, entre cuyos nombres se encuentran el del marido de Sáenz de Buruaga, la actual secretaria general del partido, María José González Revuelta, la presidenta del comité electoral del PP de Cantabria, Isabel Urrutia y un diputado autonómico afín a la presidenta.
A estas dos denuncias se suma una tercera, la realizada por una persona ante la Agencia de Protección de Datos por aparecer su nombre entre los 511 cuyas cuotas se habrían pagado de forma irregular. Y aquí el PP cántabro “puede ser castigado”, como señala el ex concejal de la villa pejina, pues podría haberse producido una “vulneración de datos de todos los afiliados”, lo que podría derivar a su vez en una multa de hasta 600.000 euros por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Todas estas denuncias se suman a las críticas públicas y a la escisión de una parte de la militancia, que no solo ha mostrado su apoyo al anterior presidente, Ignacio Diego, sino que ha levantado su voz contra las irregularidades durante la celebración del Congreso y la forma de gestionar el partido por parte de Buruaga. El movimiento más evidente ha sido la creación de la corriente denominada Lealtad Popular, que ha dado paso a una asociación.
La dirección ha anunciado en varias ocasiones la apertura de expedientes disciplinarios a varios miembros que han criticado la elección de Buruaga, e incluso se han producido algunas salidas del PP cántabro, como son la del exdiputado Carlos Bedia o la del exdirector de Cultura Joaquín Solanas, que recientemente anunciaba su ingreso en Ciudadanos.
