El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha requerido a la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, el realojo de los vecinos del 'edificio tenis' antes del próximo lunes, 3 de mayo, y de todas las actuaciones necesarias para iniciar la jornada siguiente, el día 4, las obras de demolición parcial. Así lo ordena la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en un auto dictado esta semana, en el que requiere "personalmente" a la regidora pejina para que lleve a efecto el citado realojo y demás actuaciones necesarias e informe, también antes el lunes, de las actuaciones a este tribunal. En la resolución, los magistrados recuerdan que, con motivo de esta actuación, ya requirieron a la alcaldesa que antes del pasado 23 de abril les diera cuenta del realojo proyectado por el Ayuntamiento, para poder acometer las obras de demolición.
El Consistorio trasladó al TSJC el acuerdo para reubicar a los vecinos empadronados en este inmueble en viviendas de alquiler, con un coste de hasta 600 euros al mes, a través de una agencia inmobiliaria de la localidad. Sin embargo, no aportó a la sala el calendario de realojo, "a pesar de que tenía que haberse llevado a cabo hace más de un mes", lo que conllevará un aumento de los costes por el retraso de la ejecución de la demolición ya proyectada. "Cada día de retraso en la ejecución de los realojos supondrá la imposición de nuevas multas o acudir a cualquiera otro de los mecanismos" previstos en la ley, avisan los jueces de lo Contencioso Administrativo, entre las que destacan la posibilidad de elevar testimonio de las actuaciones al juzgado de guardia y al Ministerio Fiscal, para que comprueben la existencia de posibles responsabilidades penales.
Ante esta situación, Unidos x Laredo ha solicitado la celebración de un Pleno municipal extraordinario y urgente para que la alcaldesa informe acerca del derribo parcial del 'edificio tenis'. También considera que el Ayuntamiento debe aclarar a los vecinos quién pagará la demolición, si el Consistorio o los propietarios del inmueble, y en este último caso cómo va a recuperar la administración local "el dinero adelantado". Este partido destaca que en junio de 1989 el Ayuntamiento de Laredo concedió licencia de primera ocupación para la construcción de este apartahotel. Dos años después, en 1991, se inició un procedimiento judicial por posible delito de prevaricación, por el que fue condenado por el Tribunal Supremo en 1994 el entonces alcalde y cuatro concejales más, por la citada concesión pese al informe contrario del arquitecto.
