sábado. 02.03.2024

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado el recurso de Canteras Santullán, en Castro Urdiales, contra la sentencia de este mismo órgano judicial que obligaba al Gobierno regional a iniciar un expediente sancionador a esta empresa por incumplir el plan de restauración ambiental de dicha cantera.

Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto en el que deniega la preparación del recurso de casación presentado contra la resolución judicial previa, y contra el que solo cabe recurso de queja ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados han denegado el escrito de casación al considerar que no está suficientemente argumentado ni justificado tampoco el interés casacional para poder tramitar el recurso y elevarlo al TS.

Este pronunciamiento, dictado el pasado día 15 y difundido este lunes, supone "acortar" el procedimiento de apertura del expediente del Ejecutivo a Canteras Santullán, según destaca la demandante, Ecologistas en Acción, que viene reclamándolo, junto a Verdes Equo, desde 2018, tras "reiteradas" denuncias por incumplimiento del plan de restauración a las que "ni siquiera" contestó la Consejería de Industria.

En la sentencia de febrero de este año, el TSJ cántabro estimaba parcialmente la demanda presentada en octubre de 2019 e instaba al Gobierno a incoar el expediente sancionador por incumplimiento del plan de restauración de la cantera en base a la Ley de Minas de 1973 y a la resolución de la Dirección General de Minas de 2008.

Asimismo, obligaba a la administración a exigir a Canteras Santullán un nuevo plan de restauración ambiental ajustado a la normativa sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que se sometiera a información pública.

La Sala aceptaba así algunas pretensiones, pero no todas, de Ecologistas tras la "desestimación presunta por silencio" de las peticiones planteadas en un escrito en diciembre de 2018 a la Dirección General de Industria, que una década antes había aprobado el plan de restauración de la cantera.

Pero la empresa recurrió la sentencia al entender que era "incongruente", al haberse presentado dos escritos, uno de Ecologistas y otro de Verdes Equo, que contenían la misma petición. También alegaba que en la legislación estatal y en la directiva europea no está regulado que un plan de restauración deba someterse a información pública.

Sin embargo, el TSJC, que debe verificar y resolver sobre el escrito previo al recurso de casación antes de tramitarlo y elevarlo al Supremo, ha denegado la preparación del mismo, al no concurrir los supuestos que fundamenten el interés casacional, pues no se concretan suficientemente ni tampoco se argumenta o justifica dicho interés.

VARAPALO

Así, en base a esas deficiencias, la Sala da por no preparado el recurso de casación en un auto, que Ecologistas ha tachado de "varapalo" y por el que muestra su "satisfacción". En este sentido, y a través de un comunicado, ha lamentado que los abogados de Canteras Santullán "se salten" el procedimiento exigido por la ley de jurisdicción contencioso administrativa.

Lo que no llama la atención a esta asociación es el "desconocimiento de la legislación" por parte de la empresa: "viene burlándola sistemáticamente en las últimas décadas, con un flagrante incumplimiento de la legislación de minas y de la legislación ambiental" y que, desde 2004, viene exigiendo la Plataforma de asociaciones y ciudadanos para salvar la Peña de Santullán.

A este respecto, Ecologistas señala que 2016 se quejaron del incumplimiento del plan de restauración por "sobrepasar los niveles de contaminación atmosférica por emisión de ruidos y partículas de polvo" que exige la ley, y por el "excesivo volumen de acopios de áridos en la zona norte de la explotación" de la cantera.

Y en 2018 Ecologistas y Equo hicieron lo propio ante Industria, por el incumplimiento del plan de 2008 al no haberse restaurado los bancos superiores de la cantera ni la ladera norte. Ante "la callada por respuesta" de la administración, fueron a la vía judicial.

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