El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha acotado la zona y prohibido el paso al Parque del Campillo después de que las catas del terreno realizadas por las obras autorizadas por el alcalde de Santullán, Julián Revuelta, hayan dado positivo en amianto.
Según ha informado el Consistorio castrense en un comunicado, todas las muestras analizadas han dado positivo, encontrándose amianto blanco y amianto marrón. Son consideradas como amianto no friable dado que se trata de fibrocemento en todos los casos, y toda la tierra analizada del Parque del Campillo, que está alrededor de las muestras encontradas, se considera contaminada.
Por ello, el Ayuntamiento ha ordenado a la Policía Local de manera "urgente e inmediata" acotar la zona y prohibir el paso "ante la gravedad del asunto" para la salud de las personas, tal y como recomienda en su informe la empresa encargada de hacer las catas, hasta que se realice el desamiantado. un así, concluye el informe, este solar "seguirá contaminado y liberando posibles fibras de amianto con la erosión del viento y lluvias constantes".
Según explica el Ayuntamiento de Castro Urdiales, el alcalde de Santullán autorizó en noviembre de 2019 a la empresa Gicsa el vertido "de todo tipo de material" procedente de una obra de saneamiento que la entidad estaba ejecutando para el Ayuntamiento para el relleno de una finca propiedad de la Junta Vecinal.
El pedáneo pidió a esta empresa a cambio de darle permiso para echar los vertidos que realizase una obra para la Junta, que incluía el extendido de tierra vegetal, reubicación de árboles frutales, ejecución de escaleras, rampa peatonal de hormigón y varias plataformas de hormigón para colocar mobiliario urbano, trabajos que autorizó Revuelta "sin permisos ni licencias ni del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ni de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ni de la CROTU".
El equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), a instancias de la Fiscalía de Cantabria, solicitó al Consistorio todo el expediente con el fin de instruir las diligencias necesarias para determinar si se ha podido cometer delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, así como que se realizasen las catas para confirmar la posible existencia de amianto.
El Ayuntamiento señala que "ante la grave situación provocada por los vertidos autorizados por el alcalde pedáneo, se le dará traslado para su conocimiento del cierre y prohibición del paso de manera inminente del parque propiedad de la Junta Vecinal a expensas de lo que determine y ordene la Fiscalía".
