El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado que la empresa Laherrán S.A. no puede explotar la cantera de La Verde, ubicada en la localidad de Arce (Piélagos). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC lo sentencia así al desestimar el recurso interpuesto por la sociedad a la resolución de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno regional que en septiembre de 2022 denegó la solicitud de legalización de la explotación minera, en suelo no urbanizable.
La resolución no es firme, pues cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y en ella se rechazan las pretensiones de la sociedad, que explota ininterrumpidamente la cantera desde 1950 y cuya actividad extractiva se amplió hace dos décadas. En su recurso, alegaba que su actividad minera tenía las autorizaciones pertinentes y que no precisaba el trámite de evaluación de impacto ambiental, entre otras cuestiones.
El tribunal ha centrado su respuesta en la petición de que la CROTU otorgue licencia y señala al respecto que "esto solo podrá hacerse en el procedimiento administrativo correspondiente porque la actora acredite que ha presentado el documento ambiental correspondiente. Mientras falta uno de los requisitos legales, no pude condenarse a la administración a actuar de ningún modo", abunda.
VARAPALO
La sentencia ha sido difundida por Ecologistas en Acción, que ha denunciado que pese al "varapalo" judicial, la empresa sigue "funcionando a plena actividad en la cantera y en las dos plantas de transformación" que tiene en Arce. La asociación asegura que Laherrán lleva "74 años" trabajando "sin las autorizaciones que le son exigibles a cualquier empresa minera", entre las que cita licencias de actividad, de obra y de puesta en funcionamiento y declaración de impacto ambiental para las tres actividades que realiza: extracción de piedra, planta de tratamiento de áticos o machaqueo y planta de fabricación de hormigón.
Ecologistas achaca esta situación a una "complicidad municipal durante décadas", y entiende así que la administración local es la "responsable directa de la ilegalidad manifiesta" en la que a su juicio incurre Laherrán, cuya actividad ha sido declarada "clandestina". En un comunicado, añade que ante la "manifiesta desobediencia de la empresa" y las denuncias, de la asociación y vecinos también, el Ayuntamiento les notificó en diciembre que había ordenado a la Policía Local el "precinto inmediato" del acceso a la actividad de cantera, solicitar que se cortara el suministro de agua la cantera y a la actividad de molienda y trasladar a la Fiscalía la presunta comisión de un delito de desobediencia.
Pese a ello, denuncia Ecologistas, no se han clausurado las actividades y la empresa sigue "funcionando la extracción de piedra, la planta de molienda o tratamiento de áridos y la planta de hormigón" a pesar de que, apunta, el Consistorio tiene "plena potestad para ejecutar la orden de cierre". Así, entiende que está "incumpliendo la ley, las resoluciones judiciales y sus propias resoluciones, incurriendo asimismo en un delito penal", concluye.
