Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales durante el año 2022 un total de 14 denuncias en Cantabria, de las que dos se encuentran en el ámbito penal y 12 en la jurisdicción contenciosa administrativa. A lo largo de este año han sido objeto de denuncia Sniace, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Suances, San Vicente de la Barquera, Santiurde de Toranzo y Bárcena de Cicero.
Los dos casos de ámbito penal son relativos a la empresa Sniace, el primero por un supuesto delito medioambiental por "incumplimiento reiterado de la normativa Seveso "que obliga a las empresas a la prevención de accidentes graves en sus instalaciones, y el segundo por otro delito medioambiental por vertidos directos durante dos años al río Saja.
Este último asunto se inició con una denuncia en el año 2008, por lo que Ecologistas lamenta que lleva "15 años buscando una sentencia contra los vertidos al río Saja, sin que la Administración de Justicia haya finalizado su trabajo". Aunque se han dictado ya dos sentencias condenatorias contra el Consejo de Administración de Sniace, los condenados han recurrido de nuevo la última la sentencia.
En cuanto a los contenciosos administrativos, hay algunos relativos a actividades industriales, actividades extractivas, protección del lobo o a las instalaciones portuarias. Ese el caso del puerto deportivo de San Vicente, el embarcadero en el río Cubas y la ampliación del Puerto de Raos sobre un humedal. Respecto al primero, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón al grupo ecologista y dictamina la no construcción del puerto deportivo, por lo que ha sido recurrida por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ante el Tribunal Supremo.
En el caso de la Ría de Cubas, la Justicia aceptó las medidas cautelares pedidas por Ecologistas que paralizaron las obras hasta que se dictara sentencia, pero ésta finalmente permitió continuar el proyecto. Y en cuanto al puerto de Raos, el TSJC también ha aceptado la paralización de las obras "por afectar a hábitats de la Red Natura", pero la organización denuncia que "la Autoridad Portuaria ha desobedecido dicho auto", hecho que está denunciado y pendiente de resolución.
En cuanto la actividad extractiva hay dos asuntos vivos, las canteras de Laherrán en Piélagos y de Santullán en Castro Urdiales. En el primer caso "no hay novedades", pero en el de Santullán el tribunal ha dictado recientemente sentencia ordenando a la Consejería de Industria abrir expediente sancionador a la empresa que explotar la cantera por incumplimiento de su Plan de Restauración, ha celebrado la organización.
Con respecto al lobo hay activo un contencioso administrativo contra su caza, en fase inicial, y en el ámbito del urbanismo hay otros cinco abiertos contra los ayuntamientos de Santiurde de Toranzo por las actividades industriales sobre terreno del LIC Río Pas, contra el de San Vicente de la Barquera por "el funcionamiento sin licencias" del campo de golf en Gandarilla, contra el de Bárcena de Cicero por la plantación de un eucaliptal en suelo protegido, contra el de Suances por la proliferación de los aperos de labranza, y contra el Gobierno de Cantabria por "inactividad" en el caso del "aparcamiento ilegal" en la playa de Prellezo.
Para finalizar, y en materia de información ambiental, Ecologistas en Acción tiene dos contenciosos, uno contra el Ayuntamiento de Suances, que, una vez denunciado judicialmente, "ha revocado su decisión" de cobro de unas fotocopias a la asociación, y otro contra el Gobierno de Cantabria por "denegación de información ambiental relativa a varios temas", como las turberas de la Sierra del Escudo, entre otros.
Al igual que en Cantabria, la Confederación Ecologistas en Acción ha tramitado en 2022 en todo el conjunto de España un total de 306 casos para la protección del medio ambiente ante los tribunales, cifra superior a la de 2020 y 2021, cuando fueron 244 y 286, respectivamente.
